SANTIAGO.- Su inquietud respecto a la nueva reglamentación vigente para su actividad manifestó la directiva de la recientemente constituida Agrupación del Transporte Privado de Pasajeros y Turismo, cuyos más de 200 afiliados metropolitanos perciben en esa normativa el riesgo cierto de que se les margine del mercado.
Señalan que realizan una labor ya consolidada en su campo profesional y sin embargo la clasificación oficial del parque vehicular no incluye formalmente a dicho rubro en su articulado.
David González, vocero de la naciente entidad gremial, objeta el hecho de que la norma legal, -decreto 80 de la Subsecretaría de Transportes, del 30 de agosto del año pasado- sólo reconozca la existencia de tres categorías de vehículos en esta área: taxis básicos, ejecutivos y de turismo, dejando "en tierra de nadie" a los pequeños empresarios que, basados en agencias, turismo, hoteles y las distintas compañías y entidades, encuentran su subsistencia en el traslado de personas de paso en el país y de los directivos empresariales que frecuentemente recurren a sus servicios.
Critica el dirigente que los socios de la Asociación no encajen en ese catálogo, porque –enfatiza- "no somos transporte público, estrictamente hablando: no utilizamos taxímetro, ni contamos con conexiones vía radio; no recogemos clientes en las calles ni cobramos directamente por nuestros servicios, sino que el pago de nuestra tarea se realiza a través de tarifas establecidas de los hoteles, las agencias y las empresas".
Por ello, la Agrupación gestiona ante las autoridades ministeriales el reconocimiento de que sus asociados desempeñan una función singular, específica y valiosa "que debiera ser considerada expresamente en la reglamentación legal, en vez de dejarnos fuera de ella".
Dicen que "en definitiva, nuestros afiliados no sólo ejercen, legítima y correctamente, su derecho a la libre iniciativa sino que, especialmente, contribuimos al fomento del turismo, incluido por el Gobierno entre sus prioridades en la búsqueda de nuevos recursos para el desarrollo del país y, además ayudamos a los buenos resultados de la agenda pro empleo que impulsa el Ejecutivo. Y lo hacemos con una calidad que se sustenta en la preparación profesional, en experiencia probada y en cultura".
A la vez, advierte que "no pedimos de modo alguno que no se nos someta a fiscalización. Por el contrario, entendemos que, como toda actividad, debemos encuadrarnos en alguna modalidad de control. Lo que pedimos concretamente es que la fiscalización que se nos aplique concuerde con la realidad del sector en que nos encuadramos".
Explica que "de los contrario, nuestros asociados y sus familias seremos víctimas de una coerción laboral que, en breve, nos relegará a la cesantía... lo cual revelaría un doble estándar incongruente con el declarado propósito del Gobierno, en cuanto a favorecer el empleo y, especialmente, la presencia gravitante de la pequeña y la mediana empresa en la tarea del desarrollo nacional".
Concretamente, la Asociación propone una modificación de los alcances del decreto 80, de modo que se abra acceso a sus socios a una nueva categoría que acoja los vehículos de transporte privado de pasajeros y turismo. Para lo cual –al tenor de la solución visualizada por el gremio- "bastaría asignar a sus vehículos un distintivo, una placa patente u otra solución que las autoridades estimen la mejor, en vez de tratar de encasillarnos en la genérica condición de taxis, que no es, de modo alguno, la que corresponde a nuestro desempeño”.
Concluye el vocero de la entidad en que "aquí no sólo se trata de especialistas que ejercen una función ya largamente reconocida, apreciada y requerida en el medio y cumplen para ello con todos los requisitos legales, sino que además, directa o indirectamente, generan trabajo en las múltiples áreas vinculadas a su labor y entregan cotidianamente un significativo aporte a la industria turística chilena; por lo que no parece justo que se les abandone en la indefensión. Sobre todo, las autoridades deben entender que nuestra contribución al crecimiento se canaliza, también, a través del pago de impuestos, vía combustibles y otros, así como mediante los pagos de peajes y de las otras modalidades por las que el Estado extrae sus recursos".
