SANTIAGO.- El próximo miércoles a primera hora, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago se reunirá para deliberar sobre la solicitud de desafuero del general (r) Augusto Pinochet solicitada por el ministro Sergio Muñoz en el marco del caso Riggs.
Los 25 ministros que participaron de la audiencia escucharon por más de cuatro horas la relación de la causa y los alegatos de las partes, jornada que concluyó minutos antes de las 13:30 horas.
Debido a la capacidad de la sala muchas personas quedaron fuera de la sesión en la que los abogados de las partes expusieron sus argumentos. Primero lo hicieron los querellantes Alfonso Insunza; Víctor Araya, de la Fundación Salvador Allende; Rodrigo Véliz, del Servicio de Impuestos Internos (SII); y María Teresa Muñoz, del Consejo de Defensa del Estado. Tras ellos alegó el abogado defensor de Pinochet, Pablo Rodríguez Grez.
La jornada se vivió con gran expectación, especialmente por la gran cantidad de gente que llegó hasta los tribunales, entre ellos muchos familiares de detenidos desaparecidos y abogados de derechos humanos.
También hubo presencia de gran cantidad de medios nacionales y extranjeros, entre ellos la cadena CNN y la británica BBC.
Los alegatos
Tras intervenir ante el estrado, el abogado Insunza explicó que su exposición se fundamento en al menos diez presunciones de delito "que dicen relación con la existencia de cuentas corrientes en el Banco Riggs de millones de dólares, lo que se ha detectado a la fecha son 17 millones de dólares, y lo que realmente él (Pinochet) ganó como empleado público que no alcanza a ser un millón de dólares. Esas diferencias son las que él no puede justificar razonablemente y son obviamente esos ilícitos los que deben investigarse", afirmó.
Insulza solicitó al pleno que se aprueba el desafuero en todas sus partes para que el ministro Muñoz pueda continuar la indagatoria y posteriormente dictar el procesamiento del ex gobernante.
En tanto, el abogado Rodríguez dijo ante el tribunal "que no existe un solo antecedente de ninguna naturaleza que haga siquiera presumir que cualquier fondo que haya tenido el general Pinochet fuera de Chile haya sido ilegítimamente obtenido".
Según el jurista, la investigación en curso demuestra que todos los fondos le pertenecían en forma legítima al ex gobernante, "y que no se ha cometido ningún delito a este respecto".
Con respecto a delitos tributarios, Rodríguez sostuvo ante el tribunal que los impuestos que imputa el SII "fueron pagados a través de una liquidación con los fondos que estaban retenidos en el tribunal".
Rodríguez afirmó además que el proceso debió haber terminado por imperativo legal expreso en 120 días o en el máximo de 240 días de acuerdo con lo que establece el Código Tributario. "De manera que el juez no pudo seguir actuando después de 240 días, y llevamos 10 meses sin siquiera dar a la parte conocimiento del sumario", sostuvo.
El jurista se refirió además al tema de los pasaportes falsos que fue mencionado ante el Pleno por el abogado del CDE. Sobre esto, Rodríguez aseguró que "no existen pasaportes falsos. Y si esos pasaportes se dieron por razones de seguridad, nunca se emplearon y no hay vínculo entre los actos que le imputan a Pinochet y los pasaportes".
La abogada del CDE, María Teresa Muñoz, explicó en su alegato que existen antecedentes que demuestran que el general Pinochet manejaba hasta hace muy poco tiempo personalmente sus cuentas tanto en el extranjero como en Chile.
La profesional recalcó 12 actos jurídicos realizados por el ex gobernante después de que la Corte Suprema lo sobreseyera definitivamente en julio de 2002, "que dejan de manifiesto que él puede realizar actos jurídicos con pleno conocimiento tanto del acto que está realizando como de su consecuencia jurídica".
Muñoz sostuvo que corresponde desaforar al ex gobernante porque "hay hechos que podrían tener caracteres de delito que se están investigando y hay también sospechas fundadas de que Augusto Pinochet ha tenido participación en estos delitos. Se dan los dos requisitos para que se proceda al desafuero".
Dos suspensiones
La vista del desafuero había sido postergada en dos ocasiones tanto por los querellantes como por la defensa, quienes hicieron uso de esa posibilidad.
La sesión que se desarrolla hoy debió realizarse el 4 de mayo pasado, pero el día anterior los abogados querellantes solicitaron a la corte su suspensión, por lo que se fijó como nueva fecha el 11 de mayo.
Sin embargo, el 9, fue la defensa la que solicitó la postergación, retrasando la vista hasta hoy.
El ministro Muñoz elevó la solicitud de desafuero que habían hecho los abogados querellantes Alfonso Insunza y Carmen Hertz, y el Servicio de Impuestos Internos, quienes se querellaron contra Pinochet por diversos delitos, entre ellos fraude al fisco y evasión tributaria.
