SANTIAGO.- Una serie de acciones para regular y detener la instalación de antenas de telefonía móvil en sectores urbanos residenciales, acordaron diversas organizaciones de la sociedad civil.
La iniciativa se selló a través de un acuerdo institucional que fue firmado por representantes de Coalición Nacional de Defensa del Medio Ambiente (Conadema), Asociación Nacional de Voluntarios Extensionistas Jurídicos de Chile (Anavechi), Corporación ONG Forja y Consumidores de Chile (Odecu).
Este fue uno de los principales acuerdos del taller "Antenas de Telefonía Móvil: Responsabilidades y Compromisos ante un Debate Inconcluso. Propuestas Legales y Sociales para su Regulación", realizado recientemente en Santiago, en el que participaron representantes de diversas comunas, tanto de la capital como de otras ciudades como Viña del Mar y Concepción.
Los participantes también acordaron la elaboración de una ordenanza municipal tipo, para promover en los municipios donde sean sensibles al tema, con el fin de comprometer a los municipios en la regulación de antenas.
La idea es reproducir la experiencia de los municipios de Peñalolén y El Bosque que han implementado ordenanzas que regula la instalación de Antenas en sectores residenciales.
En el ámbito legislativo acordaron demandar la derogación del DFL N° 505 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que permite la instalación de antenas con una mínima regulación, normativa que tampoco se cumple. Asimismo se buscará reactivar un proyecto de ley presentado a hace cinco años "y que duerme en la Cámara de Diputados".
En el plano judicial, se conformó un equipo jurídico que evaluará la posibilidad de presentar una acción de interés colectivo, amparados en la ley 19.496 que establece normas de protección de los derechos de los consumidores.
Los participantes de encuentro acordaron la creación de un movimiento ciudadano amplio contra la instalación de antenas, cuya primera misión será realizar un catastro y mapa de las antenas instaladas en sectores habitacionales.
Asimismo, acordaron la realización de acciones directas que se serán apoyadas por vecinos de todas las comunas afectadas, a la vez que anunciaron la realización de una movilización en algún ente regulador por definir, en los próximos meses.