TEMUCO.- Bajo estrictas medidas de seguridad por parte de Carabineros, esta mañana se reinició la audiencia de juicio oral por asociación ilícita terrorista contra ocho líderes y miembros operativos de la desbaratada Coordinadora Arauco Malleco.
Los integrantes del grupo indígena más violentista del país están acusados de múltiples atentados incendiarios en contra de empresas forestales y agricultores.
La audiencia, fijada para el pasado 13 de junio, fue suspendida a solicitud del Ministerio Público, por la inhabilitación de uno de los jueces.
Sergio Moya, fiscal regional subrogante, pidió que no integrara la sala la jueza alterna Ximena Saldivia, por su presunta "enemistad" con la fiscalía.
Éste es el mayor y más emblemático juicio relacionado con el conflicto mapuche, desde el inicio de la reforma penal en la Novena Región.
En la acusación del fiscal, sus principales líderes figuran como autores, cómplices y encubridores del delito de asociación ilícita terrorista. Estos activistas, mediante violentos atentados armados y bien planificados, buscaban sembrar el terror en la población.
Los acusados
Los acusados son Patricia Troncoso Robles (conocida como "La Chepa"), los loncos Pascual Pichún y Aniceto Norín, Jorge Huaiquín Antinao, José Llanca Ahilla, Mauricio Contreras Quezada, Óscar Higueras Quezada y Marcelo Quintrileo Contreras. Según el grado de participación en los delitos, arriesgan penas de presidio que van desde los cinco años y un día hasta quince años y un día.
Los cinco primeros están en prisión cumpliendo condenas por otros delitos de incendios y amenazas terroristas, y los tres restantes permanecen en libertad, pero con medidas cautelares.
Los mismos acusados habían sido absueltos en noviembre último por los jueces Leopoldo Vera, Luis Torres y Óscar Viñuelas, porque las pruebas rendidas en el juicio no lograron formar convicción en el tribunal sobre la culpabilidad de los acusados.
Sin embargo, en abril último, luego que el Ministerio Público solicitara la nulidad del juicio, la Corte Suprema acogió la petición y ordenó un nuevo juicio porque consideró que las pruebas presentadas no fueron suficientemente valoradas por el tribunal.
La acusación fiscal original incluía una lista de 18 miembros de la CAM, pero sólo ocho de ellos llegaron al primer juicio oral, y otros ocho acudieron a las audiencias de preparación, pero finalmente no se presentaron, razón por la cual el tribunal los declaró en rebeldía y desde entonces están con órdenes de detención. Otros dos están prófugos por condenas anteriores.