SANTIAGO.- Un grupo de abogados de derechos humanos se querelló hoy contra el Presidente de la República, Ricardo Lagos, y el ex ministro del Interior José Miguel Insulza por obstrucción a la justicia.
El escrito -patrocinado por Julia Urquieta, Hugo Gutiérrez y Eduardo Contreras- señala que Lagos e Insulza se negaron a entregar antecedentes sobre el informe de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura.
La instancia presidida por el obispo Sergio Valech determinó en noviembre pasado que 27.255 personas fueron torturadas durante la dictadura (1973-1990), que utilizó esta práctica "como una política de Estado", por lo cual el Gobierno dispuso una serie de medidas de reparación, económicas y sociales para los afectados.
El pasado 1 de junio, Lagos dio a conocer una lista ampliada de víctimas de torturas, que recogió 1.201 nuevos casos, entre ellos el de 87 chilenos que fueron torturados siendo niños, con lo que la nueva nómina aumentó a 28.456 casos.
"Ambos incurrieron en obstrucción a la justicia y prevaricación administrativa al no permitir conocer los detalles del informe", señaló Julia Urquieta.
Asimismo, los abogados acusaron al Primer Mandatario de ser encubridor de hechos de violación de los derechos humanos, debido a una ley que prohíbe dar a conocer los nombres de los victimarios antes de 50 años.
Anteriormente varias organizaciones de derechos humanos habían solicitado los antecedentes del informe, pero los tribunales rechazaron la petición, pues el trabajo de la Comisión se acoge a una ley que declaró secreta esta información durante los próximos 50 años.
El documento, que no identifica a los victimarios, establece que la práctica de la tortura involucró a todas las Fuerzas Armadas y de Carabineros, que tuvo un carácter nacional y describe algunos de los métodos utilizados.
Entre ellos figuran la aplicación de electricidad, abusos sexuales, violaciones con animales, torturas de familiares para presionar a los detenidos, quemaduras e inmersión en agua.
