SANTIAGO.- El ministro Secretario General de la Presidencia, Eduardo Dockendorff, dio a conocer hoy los proyectos de ley que integran la agenda probidad y pro transparencia del Gobierno para hacer frente a los cuestionamientos de la oposición respecto de los contratos adjudicados por empresas públicas.
Esta agenda incluye siete proyectos, algunos de los cuales se encuentran desde hace varios años en el Congreso, siendo el más importante el de la declaración jurada patrimonial, sobre el cual se dispuso discusión inmediata. Éste consiste en establecer como obligatoria para las autoridades y funcionarios públicos la realización de una declaración jurada de sus bienes al momento de asumir sus cargos. Esta declaración debe ser pública y renovarse cada cuatro años.
Asimismo, se anunciaron modificaciones a la ley de mercado de capitales. Entre éstas está contemplado el mejoramiento del uso de la información privilegiada, se establece una normativa a las empresas de auditoría externa, se consagran las operaciones en que tienen interés los directores, se formalizan aspectos de la elección de director de sociedades anónimas tanto públicas como privadas, se regulan los conflictos de intereses entre las matrices y las filiales, se establecen límites para la concentración de la propiedad y se consagra mayores exigencias para obtener una autorización bancaria de asegurador y AFP.
La agenda incluye, asimismo, el proyecto de regulación del lobby, una modificación a la ley Unidad de Análisis Financiero, que consiste en transparentar las actividades bancarias y una mayor facilidad de acceso a esta información cuando se presumen actividades vinculadas al lavado de dinero.
El ministro mencionó, también, dos proyectos que deberán ingresar al Congreso en el transcurso de las próximas semanas. Éstos son el financiamiento de la campaña presidencial y el fideicomiso ciego.
El secretario de Estado aclaró que el Gobierno no quiere, de este modo, sobrerraccionar a las denuncias realizadas por la derecha en el último tiempo, por lo que no se modificará estructuralmente la legislación en materia de probidad en un año electoral.
Agregó que existen otros temas que también son importantes para el Gobierno, como las reformas constitucionales.
Dockendorff destacó que es necesario dar a conocer estos proyectos ante una campaña en contra del Gobierno, y específicamente en contra del Presidente de la República.
"Debemos poner las cosas en su lugar porque muchos que no tienen autoridad moral hoy se sienten con derecho a hacer denuncias irresponsables", precisó.
Respecto de legislar sobre la participación de familiares en empresas del Estado y reparticiones públicas, que no aparece mencionada en esta agenda, Dockendorff aclaró que "no se cierra la puerta" a estas iniciativas pero que la idea es incluirlas dentro de los proyectos mencionados.
Aquí se encuentra, por ejemplo, la propuesta entregada al Ejecutivo por el Partido Socialista, cuyos puntos básicos son regular el enriquecimiento ilícito, el doble contrato y la contratación de familiares hasta la tercera línea.
