VALPARAÍSO.- La mesa de la Cámara Alta y las bancadas de la Concertación llegaron a un acuerdo para modificar la polémica norma que establece el respeto y la protección a la vida privada y pública y la honra de las personas, la que está incluida en el paquete de reformas constitucionales que vota hoy el Senado.
Tras sostener una reunión con el presidente del Colegio de Periodistas, Alejandro Guillier, en Valparaíso, los parlamentarios convinieron en que a través de un veto presidencial el Ejecutivo elimine del artículo 19 número 4 de la Constitución la frase que hace mención a la protección de la vida pública.
La ley en cuestión establece un sistema integral y efectivo de protección civil de la vida privada y pública de las personas, así como la responsabilidad solidaria de los medios de comunicación por las indemnizaciones que procedan, lo que ha sido fuertemente resistido por los representantes de la prensa.
Según la Federación de Medios de Comunicación Social de Chile, en ningún país democrático del mundo está consagrado el respeto a la vida pública puesto que coarta gravemente la función fiscalizadora de los periodistas.
"Entendemos que existan injerencias ilegítimas respecto de la vida privada, pero no logramos imaginar cuáles pueden ser las injerencias en la vida pública de una persona que merezcan ser sancionadas, además de las que van contra su seguridad o su honra, ya que se encuentran debidamente tipificadas en el Código Penal. Debemos concluir, por tanto, que incluso se pretende cautelar la vida pública contra las injerencias legítimas", declaró la Federación a través de una declaración pública.
El organismo, que agrupa a la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), a la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) y la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), sostiene, además, que "la eventual aprobación de esta norma pone en grave riesgo la libertad de información y la labor de los medios de comunicación social para garantizar la necesaria transparencia y probidad de la función pública y, en definitiva, para la viabilidad de un auténtico régimen democrático".
Ayer, el Gobierno aseguró que está dispuesto a vetar la cuestionada norma, eso sí, en consenso con los senadores.
