Diputados de la Concertación: Chile perdió más de US$ 2.500 millones en privatizaciones

Según miembros de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, la venta de 725 empresas realizadas durante el régimen militar fueron transadas en un valor mucho menor que el real.

Cifras millonarias
El comunicado divulgado esta tarde por los miembros de la Concertación que integran la comisión investigadora de las privatizaciones detalló cuáles transacciones arrojaron pérdidas millonarias para el Estado.

-La Compañía de Aceros del Pacífico (CAP) fue vendida en US$ 105,5 millones, cuando su valor real ascendía a US$ 811,5 millones, es decir, US$ 706,44 millones menos. Esto representa un tercio de la pérdida total del patrimonio de CORFO.

-La pérdida patrimonial de Soquimich implicó US$ 261,9 millones menos, frente a la posibilidad de haberla mantenido en manos del Estado.

-CORFO dejó de percibir US$ 184 millones de dólares, por la venta de la azucarera estatal IANSA.

-Entre las empresas que generaron mayores pérdidas patrimoniales con su privatización destacan, Endesa con US$ 895,6 millones; Chilgener US$ 171,1 millones, hoy Gener; Chilectra US$ 96,4 millones y Banco de Chile con US$ 66,9 millones.

-Las pérdidas más importantes se concentraron en el período 1978-1990, con la privatización de las 30 empresas más relevantes, que implicó un reducción de US$ 2.223 millones para el patrimonio nacional.
SANTIAGO.- Tras una larga investigación de la Comisión de Privatizaciones de Empresas del Estado, diputados de la Concertación constataron que la venta de 725 compañías estatales significó un perjuicio de US$ 2.500 millones para el patrimonio de todos los chilenos y además, dejó secuelas imposibles de ser cuantificadas en la actual distribución del ingreso de nuestro país.

Según diputados oficialistas de la comisión, las privatizaciones realizadas durante el régimen de Augusto Pinochet Ugarte fueron efectuadas por medio de mecanismos formales, creados previamente por funcionarios de gobierno, los que luego utilizaron esa información privilegiada y poco transparente para hacerse de la propiedad de las empresas a menor precio. En otros casos, fueron simplemente irregulares, señaló la comisión en un comunicado.

Una legalidad propia

El proceso, según diputados concertacionistas de la comisión, contó con su propia legalidad. La venta directa de acciones, la compra de éstas por funcionarios públicos y los diferentes tipos de subsidios fueron entregados dentro de la normativa vigente. Por lo tanto, no se consideró éticamente reprobable que funcionarios de CORFO pasaran a ser dueños o directores de las empresas privatizadas.

De hecho, el 30% de los recursos obtenidos por CORFO en el proceso privatizador de estas compañías, fue utilizado en otorgar créditos para la adquisición de acciones de otras empresas que estaban en manos del Estado.

El 70% restante fue destinado a Fondos de la Nación sin individualización, lo que implica que fueron utilizados como cualquier ingreso del Fisco, para gasto corriente.

Los ingresos no se destinaron a nuevas colocaciones ni a reducciones de endeudamiento, lo que también significó pérdida patrimonial, afirmaron los diputados oficilistas de la comisión.

Fueron destinados, básicamente a reducir el déficit fiscal que venía del período anterior y, posteriormente, a compensar la pérdida de ingresos fiscales que generó la reforma tributaria que disminuyó los ingresos y la creación de las AFP, que también fue financiada por el Estado.

Así, sostienen los diputados de la Concertación que integraron la comisión, las privatizaciones durante el gobierno de Pinochet empeoraron la distribución del ingreso, dado que agruparon gran parte de la propiedad de las mayores empresas en unas pocas manos, situación que se mantiene hasta el día de hoy.

Durante los 17 años del régimen, dicen los diputados en su comunicado, el PIB creció sólo un 2,9%, período en que el quintil más bajo de la población chilena redujo su gasto en los hogares desde 7,6% a 4,4%, mientras que el 20% más alto de la sociedad lo elevó entre 44,5% a 54,9%.

El documento emanado de la Comisión se hará llegar al Consejo de Defensa del Estado (CDE), para que analice las irregularidades descritas y se decida, si aún no están prescritas, las acciones que debe emprender el Estado de Chile para que esto no se vuelva a repetir.

La mayor parte de los datos de este Informe, serán divulgados el jueves 21 de julio a través de la página: www.privatizaciones.cl

Los miembros de la comisión que emitieron la declaración son los diputados concertacionistas Adriana Muñoz (PPD), Jorge Burgos (DC), Alberto Robles (PRSD), Guillermo Ceroni (PPD), Eduardo Saffirio (DC), Waldo Mora (DC) y Carlos Montes (PS). Este último presidió la Comisión.

La comisión también estuvo integrada por Carlos Kuschel (RN), Carlos Hidalgo (independiente), Rodrigo Álvarez (UDI), Julio Dittborn (UDI), Andrés Egaña (UDI) y Carlos Recondo (UDI).
El Mercurio en Internet
Miércoles, 20 de Julio de 2005, 17:33
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