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Piden investigar a diplomático colombiano en Chile por asesinato

El congresista opositor Gustavo Petro acusa al encargado de negocios de la representación colombiana, Salvador Arana, de idear crimen contra un alcalde.

09 de Agosto de 2005 | 15:59 | Agencias
BOGOTÁ.- El congresista colombiano opositor Gustavo Petro pidió hoy a la Fiscalía vincular en la investigación del asesinato de un alcalde del norte de Colombia al encargado de negocios de la embajada de Colombia en Chile, Salvador Arana, y a un alto oficial de la Policía por su presunta participación en el homicidio.

Petro solicitó al fiscal colombiano, Mario Iguarán, vincular en el proceso investigativo del asesinato en 2003 del alcalde del municipio de El Roble (norte), Eudaldo León Díaz, al diplomático Arana.

"Hay cuatro personas diferentes en dos procesos diferentes que acusan al señor Salvador Arana de ser promotor de grupos paramilitares y de ser el autor intelectual del asesinato de León Díaz. Yo me limito a mostrar esos testimonios, dos de esos dos testigos están asesinados’’, dijo Petro.

Según el legislador, en la investigación que se realizó por ese homicidio sólo se juzgó a los actores materiales, pero no a los que idearon el asesinato.

"Al parecer varios paramilitares en este caso obedecían órdenes de altos jefes políticos de la región que eran "uribistas" (apoyaban al Presidente Álvaro Uribe); hoy son diplomáticos y altos oficiales de la Policía", dijo Petro en diálogo con los periodistas.

Por su parte, Arana desmintió las afirmaciones de Petro, afirmando que él está "utilizando su investidura parlamentaria para manipular la versión de los testigos y los fiscales".

"Está abusando de su investidura como representante para presionar tanto la investigación como los diferentes testigos. Lo que pasa es que quieren mostrar y manipular la versión de los testigos y de la Fiscalía. El testigo del que habla Petro en ningún momento dice que Salvador Arana es el autor del asesinato del alcalde", dijo.

El alcalde del municipio de El Roble (norte) había advertido dos meses antes de su asesinato de las amenazas que funcionarios públicos, vinculados con paramilitares, habían formulado en contra de su vida.
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