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Gobierno se querella por filtración de documento de Investigaciones

La acción legal, interpuesta en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, busca castigar a los responsables de la eventual sustracción del informe de la policía civil referido a las compras de Piñera.

24 de Agosto de 2005 | 09:27 | El Mercurio en Internet
SANTIAGO.- El Ministerio del Interior interpuso una querella contra quienes resulten responsables de la filtración del documento de Investigaciones sobre la compra de terrenos en Chiloé por parte del empresario y candidato presidencial de Renovación Nacional, Sebastián Piñera.

La acción legal fue presentada a las 9:00 de esta mañana en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

El abogado de la cartera, Jorge Morales, explicó que en la querella se invoca la infracción a la ley de inteligencia del Estado.

El Gobierno anunció que presentaría esta acción legal luego que El Mercurio publicara el fin de semana que la Policía de Investigaciones había ordenado indagar las adquisiciones de tierras por parte de Piñera en Chiloé, para prevenir, según ha justificado el Ejecutivo, un posible foco de conflicto con las comunidades huilliches.

La noticia sorprendió tanto a La Moneda como al propio afectado, que pidió explicaciones al Gobierno. El lunes, el ministro del Interior ofreció disculpas públicas al abanderado de RN, sin embargo, ayer el Presidente Ricardo Lagos lo desmintió en forma categórica y precisó que "el Gobierno no se disculpa" y que las palabras de su asesor sólo fueron explicaciones.

Información protegida por ley

El subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil aclaró que la información difundida por la prensa estaba protegida por la ley, por tanto la querella busca aclarar responsables en torno a este hecho.

Agregó que Alberto Espina está equivocado respecto a que la actividad realizada por la Policía de Investigaciones no corresponde, puesto que en democracia el Gobierno debe indagar lo necesario para evitar conflictos.

"Corresponderá al tribunal hacer la investigación y determinar a los responsables y la acción no va dirigida contra personas determinadas", dijo.

Correa Sutil señaló que la ley resguarda este tipo de documentos y establece penas altas que pueden ir desde los 5 años y un día hasta los 20 años de cárcel.

Consultado sobre el archivo sustraído, el subsecretario señaló que en el "no consta ninguna actividad de espionaje ni ninguna actividad encubierta para indagar en la vida privada de nadie. La información contenida puede ser contrastada en fuentes abiertas y verán que no hay nada que vulnere la privacidad de nadie".
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