PUERTO MONTT.- La inédita suma de 606 millones de dólares, algo así como 319 mil millones de pesos, serán solicitados como garantía al Estado de Chile para posibilitar la construcción del puente a Chiloé.
La idea es que el Presidente tenga la facultad, previo informe de Obras Públicas y la Dirección de Presupuestos, para comprometer la garantía del sector público a uno o más créditos requeridos para el levantamiento de la iniciativa.
La solicitud suma 18 millones de UF, en moneda nacional o extranjera, más los reajustes, intereses y gastos que corresponda, por el plazo que fuere necesario para la refinanciación de la obra, después de su puesta en servicio.
Así lo solicitó el senador (DC) Sergio Páez y lo ratificó el Pleno de la Cámara Alta, que decidió enviar el proyecto de ley al Ejecutivo, a fin que este gestione su tramitación.
Según Páez, la magnitud de la obra "requiere que el Gobierno otorgue una garantía estatal" para el financiamiento durante la etapa de construcción y primeros años de explotación del puente.
El proyecto de ley, con el millonario monto involucrado, también explicita que tal financiamiento pudiera ser reemplazado por otro de largo plazo, emitido por consorcios bancarios o en bonos en Chile, o del exterior.
"Por ese motivo la aprobación legal debe ser amplia, dejando al próximo Presidente y a sus ministros de Hacienda y Obras Públicas, mandatados para resguardar el interés fiscal dentro de la mayor voluntad de ejecutar esta obra postergada por décadas y cuyos beneficiarios sociales, superarán los riesgos que asuma el Estadopara hacer viable su financiamiento", detalla el texto.
También se propuso regular la propiedad estatal de los estudios y obra que resulten si el Estado deba hacer efectiva, en todo, o parte, la garantía estatal que otorga.
Asimismo, en caso que el refinanciamiento de largo plazo llevase al Estado a pagar parte del financiamiento inicial o de construcción, se garantice dejar al Estado en condiciones de cobrar ese valor una vez que se pague el financiamiento de terceros.
Además, se expresa que en caso que el Estado deba pagar los costos de término anticipado del contrato de concesión, antes de su puesta en servicio, quedará como único dueño.
De la misma forma, si con la obra, construida y puesta en marcha, el Estado debe pagar los créditos garantizados, podrá repactar con la misma concesionaria.
Algo parecido ocurre en caso que el pago de las garantías fuese parcial. El Estado también podría negociar directamente con la concesionaria, según informó el diario El Llanquihue.
