SANTIAGO.- El pleno de la Corte Suprema resolvió dejar en estudio la decisión sobre si confirma o no el desafuero del general (r) Augusto Pinochet por el caso de las cuentas secretas en el banco Riggs.
Esta mañana los 17 de los 20 ministros que componen el máximo tribunal escucharon los tres alegatos que quedaron pendientes de la audiencia de ayer.
La primera intervención correspondió a la abogada del Consejo de Defensa del Estado, María Teresa Muñoz, quien en su alegato afirmó que sí se conoce la procedencia de los dineros de Pinochet, que serían fondos reservados obtenidos a través de la Casa Militar y movimientos financieros ligados a las Fuerzas Armadas, vinculados con las transacciones efectuadas a través del contador de Famae y otros funcionarios ligados a dicha entidad.
"Lo que dije es que no es efectivo lo que se señaló en el día de ayer que se desconociera cuál es el origen de los dineros de Augusto Pinochet. Lo que señalé (en el alegato) es que este origen, por ahora, podría ser fondos reservados, que son fondos fiscales, y fondos que tienen que ver con negocios importantes que realizó el Ejército y las Fuerzas Armadas, puesto que hemos encontrado numerosos depósitos en cuentas de Pinochet y en sociedad relacionadas que provienen que fábricas de armamentos", aclaró la profesional luego de finalizada la audiencia.
SII: Existió intencionalidad de ocultar fondos
Tras la intervención del CDE, alegó el abogado del Servicio de Impuestos Internos, Rodrigo Véliz, y el representante de la fundación Salvador Allende, Víctor Araya.
El abogado del SII sostuvo que existen antecedentes suficientes que comprueban que Pinochet percibió ingresos en el extranjero que no ha declarado en Chile y que posee inversiones con fondos no justificados que tampoco ha tributado, aun cuando la ley lo exige.
Véliz rebatió el argumento de la defensa de Pinochet en el sentido de que no hubo dolo para ocultar su patrimonio, sosteniendo que todos los actos que ha efectuado con el fin de esconder sus ingresos dan cuenta de que hubo una intencionalidad con el fin de que no se conociera su origen y para no tributar. Entre esos actos, el profesional describió que el ex gobernante abrió cuentas con identidades falsas y a nombre de diversas sociedades con el fin de ocultar información a las autoridades chilenas.
Agregó que de la investigación del ministro Sergio Muñoz se desprende que ha sido el propio Pinochet quien ha instruido a sus asesores realizar los movimientos bancarios, lo que da cuenta de que es él quien administra sus cuentas y que no podía no saber que debía pagar sus impuestos por las platas que tenía en el extranjero.
El abogado de la fundación Salvador Allende, en tanto, rebatió el argumento de la defensa de Pinochet en el sentido de que la justicia española no tendría jurisdicción en Chile por el embargo dictado por el juez Baltasar Garzón, en diciembre de 1998, a los bienes de Pinochet.
A juicio del abogado Víctor Araya el tema en cuestión no es si se aplica o no el derecho extranjero en Chile, sino de considerar si hay competencia para conocer del delito cometido por Pinochet.
El profesional precisó que el ex gobernante ha efectuado diversas trasacciones con fecha posterior al 1 de julio de 2000 cuando la Corte Suprema lo sobreseyó definitivamente por razones de salud en el caso Caravana de la Muerte. De esa forma, sostuvo que una persona capaz en materia civil no puede ser a la vez incapaz en materia penal para enfrentar un juicio.
Al término de los exposiciones, a eso de las 11:00 de la mañana, el Pleno del máximo tribunal resolvió dejar en estudio una decisión hasta la próxima semana, oportunidad en que se realizará una sesión especial en la que se discutirá y eventualmente resolverá si se confirma o no el desafuero.
El juez Muñoz determinó que Pinochet incurrió en los delitos de evasión de impuestos -por unos 8.000 millones de pesos-, falsificación de instrumento público y otros ilícitos que involucran a su familia y a ex colaboradores.
Por este caso Pinochet ya fue desaforado en la Corte de Apelaciones por cuatro de los cinco delitos que el ministro Muñoz le imputaba.
Si la Corte Suprema confirma la decisión, Muñoz o quien lo reemplace, estará en condiciones de interrogar al ex gobernante e incluso de someterlo proceso si así lo dispone.
