SANTIAGO.- La coordinadora de oficiales (r) de la Fuerzas Armadas, presidida por el general Guillermo Toro, se reunió hoy con el presidente del Senado Sergio Romero a fin de plantearle la necesidad de cambios en la legislación que impidan una nueva forma de discriminación de la que acusaron ser víctimas.
La entidad que aglutina a más de 120 mil uniformados retirados reclamó por lo que denominó una abierta denegación de justicia contra el general Raúl Iturriaga Neumann, quien presentó una querella de capítulos contra los magistrados de la Corte de Apelaciones de Santiago Juan González y Alejandro Madrid.
La acción legal, patrocinada por el abogado Fidel Reyes, acusa a ambos magistrados de prevaricación, al haber ratificado las condenas dictadas por el ministro de fuero Alejandro Solís, en contra de cuatro ex miembros de la DINA por el secuestro del militante del MIR, detenido en 1974 y actualmente desaparecido.
Reyes explicó que con su fallo, los ministros no aplicaron la Ley de Amnistía, vigente en Chile, y validaron la figura del secuestro permanente, la que calificó como una "obscenidad jurídica". Asimismo, afirmó que los querellados infringieron los convenios de Ginebra y transgredieron la normativa al no aplicar la prescripción que, a su juicio, está plenamente vigente.
La acción judicial fue respaldada por todos los miembros de la coordinadora que quisieron ser parte solidaria. No obstante, la Corte Suprema exigió una fianza indemnizatoria de tres millones a cada uno de los querellados, lo que, según Iturriaga, es una abierta falta al estado de derecho.
