SANTIAGO.- Un enérgico rechazo frente la determinación del general director de Carabineros, Alberto Cienfuegos, de restringir la entrega de información a la opinión pública sobre los ilícitos cometidos manifestó Pro Acceso, una ONG dedicada a la promoción de cambios legales y culturales a favor del derecho de Acceso a la Información Pública.
El presidente de esta organización, el abogado Juan Pablo Olmedo, advirtió que dicha petición atenta contra las libertades de información y expresión de la ciudadanía, en general, y de los periodistas, en particular.
El general Cienfuegos envió un oficio, con fecha 14 de octubre, al fiscal nacional Guillermo Piedrabuena solicitándole que el Ministerio Público restrinja la entrega de información sobre delitos a la prensa de mosod que no se informe y no se incremente la sensación de inseguridad ciudadana.
En el documento, el general expresó su preocupación porque la prensa ha accedido a datos concretos sobre la identidad y domicilios de los involucrados y señala que considera necesario acotar los datos entregados "con el objetivo de evitar que tengan una difusión y connotación desmedida y con ello se contribuya a un clima de intranquilidad ciudadana".
Apuntó a que la medida reclamada por el alto oficial busca impedir la fiscalización de la ciudadanía a la correcta, eficiente y eficaz labor policial, que como todo órgano del Estado también está sujeto al cuestionamiento público.
Hizo hincapié frente a la gravedad de una medida como la sugerida por cuanto la estrategia de limitar la difusión de estas informaciones con el fin de reducir la percepción de inseguridad de las personas no sólo es errada, sino también peligrosa.
La idea de que "no sabe es no temer" resulta inaceptable, dijo el profesional, por cuanto "deja a la ciudadanía desamparada y en ignorancia sobre los riesgos que puede enfrentar. Pero además, ayudaría a generar la idea de que se le está encubriendo la realidad y el resultado podría ser contrario al buscado por el general".
Precisó que más que entregar información parcializada, Carabineros debería contribuir a aumentar el flujo y la calidad de los antecedentes que entrega. Indicó que el Estado no debe tomar un rol paternal en término de qué es lo que deben o no saber sus ciudadanos, sino que es preciso informarlos mejor para que tomen decisiones más adecuadas.
Olmedo apuntó que esta medida atenta contra el espíritu del recién incorporado artículo 8º de la Constitución, que establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".
Olmedo enfatizó que aún cuando dicha ley no se ha dictado todavía, un oficio de la autoridad máxima de la policía uniformada no tiene el rango legal suficiente para establecer cuáles son los antecedentes que deben quedar velados al público.
