PANAMÁ.— El Ministerio Público designó a la fiscal anticorrupción Maribel Cornejo para que atienda una asistencia judicial, formulada por Chile, para indagar posibles negocios del general (r) Augusto Pinochet en este país.
Cornejo, quien está a cargo de la fiscalía tercera anticorrupción, deberá recabar información de testimonios de personas ligadas a cinco sociedades, las cuales serán investigadas por estar supuestamente vinculadas a Pinochet, informó la oficina de Relaciones Públicas del Ministerio Público.
La Corte Suprema de Justicia de Panamá aceptó parcialmente una solicitud de asistencia de las autoridades chilenas para indagar posibles negocios del ex gobernante en este país.
El pedido fue realizado a comienzos del 2005 por Chile, en el marco de la investigación por malversación de fondos públicos y lavado de dinero.
La fiscalía anticorrupción recolectará testimonios de un grupo de abogados que participó en la inscripción de cinco sociedades anónimas en Panamá y de las que se presume en Chile pertenecen a Pinochet y su familia.
Esas sociedades fueron identificadas como Eastview Finance, Abanda Finance Limited, Cornwall Overseas Corp, Tasker Investment Limited y Belview International Inc.
La Corte también estimó que debe solicitarse a la dirección del registro público que certifique la existencia de esas sociedades, así como algunos datos generales señalados por las autoridades chilenas.
La Corte rechazó, sin embargo, el pedido que hizo Chile a la firma de abogados local Alemán, Cordero, Galindo y Lee para que proporcione antecedentes sobre la creación de esas sociedades, poderes, solicitudes y otros documentos.
Explicó en su momento que "no puede acceder a lo pedido ya que los documentos o antecedentes solicitados reposan en manos de particulares, a quienes no se les sigue proceso penal en nuestro país por corrupción de funcionario público en perjuicio del Estado chileno".
Panamá cuenta con una de las plazas bancarias más grandes en América Latina. También operan aquí muchas sociedades anónimas, que en el pasado estuvieron en el ojo de la polémica porque se las consideró muy vulnerables a actividades ilícitas como el lavado de dinero.
