SANTIAGO.- Setenta y cuatro académicos de la Universidad Diego Portales hicieron pública una declaración en la que sostienen que Francisco Javier Cuadra "está inhabilitado para ser rector de nuestra Universidad y conducir un proyecto académico que ha logrado constituirse en un patrimonio cultural que consideramos fundamental preservar".
En la declaración sostienen que no le hace bien al prestigio de la casa de estudios que su máximo representante aparezca vinculado a casos de violaciones a los derechos humanos.
"El pasado 25 de octubre el rector Cuadra ofreció una entrevista a un matutino de Santiago, en la cual detalló su rol en el caso del asesinato de cuatro disidentes de la dictadura militar, suceso ocurrido en septiembre de 1986. En la misma, el rector señaló que el equipo político de La Moneda, del cual participaba, ordenó la detención de varios líderes y personeros opositores –incluido el actual Presidente de la República, Ricardo Lagos– para 'salvarles la vida', dado que el hallazgo de un cadáver 'les hizo suponer que podía estar llevándose un acto de venganza' por parte de sectores ligados a fuerzas de inteligencia del régimen, para compensar la muerte de cinco escoltas del general Pinochet ocurridas en el atentado cometido en su contra", explican.
"Sin embargo, esta versión –alusiva a uno de los más serios crímenes cometidos durante el régimen militar– ha sido sistemáticamente desvirtuada en los últimos días por personas que fueron detenidas en la ocasión –entre otros por el propio primer mandatario–. Algunas de ellas incluso han manifestado estupor e indignación frente al intento de presentar privaciones de libertad de hasta por tres meses, o acompañadas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, como acciones ejecutadas en beneficio de quienes las sufrieron", enfatizan.
Recuerdan, asimismo, que "la prensa escrita ha destacado el marcado contraste que existe entre la versión entregada por el rector Cuadra en la mencionada entrevista y sus declaraciones como vocero del gobierno militar en la época".
"En ellas señaló que el asesinato de los cuatro opositores parecía responder a un 'procedimiento típico de purga dentro de los grupos marxistas', lo que sugiere que deliberadamente desinformó a la población respecto de quienes los mismos altos funcionarios de la Moneda pensaban que eran los perpetradores de tales crímenes", señalan.
Más adelante los académicos dicen que "confrontados con las desconcertantes declaraciones del rector Cuadra, así como con su silencio ante los serios cargos públicos formulados en su contra, nos preocupa seriamente el impacto que este incidente puede tener en el prestigio de la Universidad Diego Portales y, por lo tanto, en su proyecto de erigirse en una de las mejores universidades del país hacia el año 2010".
"Si bien estamos conscientes de que toda persona debe presumirse penalmente inocente hasta que se pruebe lo contrario, también estamos convencidos de que la investidura de rector de un establecimiento de educación superior supone un estándar bastante más exigente que el que permite evitar un procesamiento o una condena penal. Particularmente en el caso de la Universidad Diego Portales, que desde su fundación se destacó por su apego a los valores democráticos, el rector debe representar de modo creíble esos valores, estrechamente vinculados con el respeto a los derechos humanos", manifiestan.
"Si la designación de Francisco Javier Cuadra como rector -en la que los académicos no hemos tenido participación- ya generó una situación de por sí compleja, consideramos que la entrevista y sus repercusiones han terminado por quebrar el precario equilibrio existente entre su pasado político y el ethos democrático de la Universidad", subrayan.
"En efecto, a partir del cuestionamiento al que el propio rector Cuadra se ha expuesto, su rectoría se ha transformado en un factor que afecta el prestigio de la Universidad y pone obstáculos al cumplimiento de su misión", dicen.
Los académicos subrayan que "el rector es el rostro de la Universidad, quien la encarna a los ojos de la comunidad nacional e internacional (Artículo 11, letra c, del Reglamento General de la Universidad Diego Portales). Por ello, consideramos que nuestra Universidad no resiste que su máximo representante aparezca vinculado a casos de violaciones a los derechos humanos".
"Por las consideraciones precedentes, los suscritos estimamos que Francisco Javier Cuadra está inhabilitado para ser rector de nuestra Universidad y conducir un proyecto académico que ha logrado constituirse en un patrimonio cultural que consideramos fundamental preservar"
Finalizan llamando a los demás académicos de la Universidad Diego Portales a adherir a esta declaración.
Los firmantes
Firman por la Facultad de Derechos Andrés Aylwin, Samuel Buzeta, Carlos Carmona, Lidia Casas, Mauricio Caussade, Paula Correa, Miguel Cillero, Jaime Couso, Javier Couso, Iñigo de la Maza, Nicolás Espejo, Leonor Etcheberry, Rodolfo Figueroa, Rodrigo García, Felipe González, Dominique Hervé, José Matías Larraín, Domingo Lovera, Felipe Marín, Alejandra Mera, Jorge Mera, Rafael Mery, Marcelo Montero, Carlos Pizarro, Daniel Rey, Cristián Riego y Macarena Vargas.
Por la Facultad de Ciencias Sociales e Historia firman Carmen G. Acevedo, Paula Barros, Angela Boitano, Rossana Castiglioni, Alejandra Castillo, Andrea Cerda, Carmen Contreras, Rodrigo Cordero, Claudia Fuentes Julio, Robert Funk, Daniel M. Giménez, José Grossi, Florencia Herrera, Mauricio Hidalgo, Andrea Jeftanovic, Gonzalo Muñoz, Patricio Navia, Eugenio Ortega, María A. Pávez, Oriana Piffre, Alejandra Ramm, Marcela Rios, Gonzalo Tapia H., Berta Teitelboim, Miguel Valderrama, Andrés Villar y Pablo Villatoro.
Por la Facultad de Comunicación y Letras suscriben Bernardo Amigo, Gregory Cohen, Alen Pinar, Abraham Santibáñez y Enrique Vergara.
También firman: Hernán Saavedra, de la Fac. de Economía y Empresa, Ana María Alvarez, Elisa Ansoleaga, Cecilia Banz L., Rodrigo Cornejo, Felipe Fuenzalida, Eliana Heresi, Adriana Kaulino, Claudia Lagos, Ricardo López,Eduardo Llanos Francisco Maffioletti, M. del Pilar Muñoz, Antonio Stecher y María Isabel Toledo, de la Fac. de Ciencias Humanas y Educación.
Certifica autenticidad de las adhesiones, Jaime Couso, Director del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho.
