SANTIAGO.- En fallo dividido, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones ordenó al ministro Carlos Cerda que se inhabilite momentáneamente de la investigación del caso Riggs, a raíz de la recusación que presentó en su contra la defensa de Óscar Aitken, el ex albacea de Augusto Pinochet.
El dictamen, adoptado por dos votos contra uno, establece que el magistrado debe abstenerse de indagar la causa hasta que una sala del tribunal de alzada de verano resuelva sobre el fondo de la recusación, es decir, si debe abandonar en forma definitiva el caso.
La Corte estableció que el ministro debe pasar los antecedentes a un juez no inhabilitado y ordenó el traslado de Cerda para que haga sus descargos.
El ministro que reemplazará a Cerda es Alfredo Pfeiffer, pues es el suplente legal del magistrado.
El dictamen fue acogido de inmediato por el juez afectado, quien ya dictó la resolución en que se inhabilita por ahora para seguir indagando.
La resolución fue adoptada por los ministros Juan Manuel Muñoz Pardo y Joaquín Billard. En tanto, el voto en contra fue de la jueza Gloria Ana Chevesich.
La defensa de Óscar Aitken, representada por los abogados Rodrigo Henríquez y Gabriel Salazar, interpuso este lunes una recusación con el fin de frenar la investigación de Carlos Cerda sobre la fortuna del general (r) Pinochet y las cuentas en el banco Riggs.
Según explicaron, el magistrado había hecho un pronunciamiento previo al acusar a su cliente de cómplice del delito de malversación de caudales públicos.
La causal de recusación que invoca la defensa de Aitken es "haber el juez manifestado de cualquier modo su dictamen sobre la cuestión pendiente, siempre que lo hubiere hecho con conocimiento de ella", a lo que se refiere el artículo 196 Nº 10 del Código Orgánico de Tribunales.
El motivo de la recusación
Lo que gatilló la molestia de la defensa de Aitken fue una resolución del 15 de febrero, en la que el ministro ampliaba un exhorto a Gran Bretaña: "Sobre el particular debe expresarse que la información que se pide a las Islas Cayman puede llegar a ser importante para ayudar a establecer el delito de malversación de caudales públicos por parte de Augusto Pinochet Ugarte, con la directa colaboración de Óscar Aitken, y eventualmente de otras personas, pues las pruebas hasta ahora existentes apuntan a un origen indebido del dinero acumulado".
Para los abogados del ex albacea, en este párrafo el juez le imputaría la "colaboración directa" en el delito de malversación de caudales, por el cual no está procesado, y por el que la Corte de Apelaciones le quitó el fuero a Pinochet. El fallo en el que se le quita la inmunidad al general (r) aún no ha sido dado a conocer, y luego de ser notificado debe ser visto en la Corte Suprema.
También cuestionan el párrafo en el que el juez habla de que "las evidencias hasta ahora existentes, que avalan los asertos que preceden, han llevado a la Ilustrísima Corte de Apelaciones a privar a Augusto Pinochet Ugarte de su fuero de ex Presidente de la República, porque habría cometido el delito de malversación de caudales públicos".
El abogado Henríquez cree que con esto "falta a la verdad" para "lograr la colaboración de las autoridades extranjeras", porque cuando se acoge un desafuero es sólo para dar lugar a la formación de causa y no significa que habría "cometido delito".
