MONTEVIDEO.- Los centros sociales militares advirtieron que la extradición a Chile de tres oficiales del ejército uruguayo pone en riesgo "la paz", por lo que pedirán al Presidente Tabaré Vázquez que intervenga para evitarlo.
La Suprema Corte de Justicia, en un fallo histórico, el pasado jueves 23 autorizó la extradición a Chile de tres militares involucrados en el asesinato en la década del noventa del ex químico de la DINA Eugenio Berríos.
La decisión incluye al coronel Waldemar Sarli, el teniente coronel Eduardo Radaelli, ambos en actividad, y el coronel retirado Tomás Casella, reclamados por la justicia chilena por "asociación ilícita" y "secuestro".
Un comunicado del Centro Militar y el Círculo Militar emitido anoche afirmó que el fallo del máximo tribunal "daña irreversiblemente la soberanía nacional".
Los clubes militares sostuvieron que la decisión de la Suprema Corte "podría inscribirse en una escalada de un proceso de deterioro institucional que compromete la existencia misma de nuestras Fuerzas Armadas, exponiendo a riesgo la paz pública y la seguridad de nuestro Estado Nación".
El abogado de los oficiales involucrados, Amadeo Ottati, informó en una asamblea de militares socios de las instituciones que se había "agotado" la vía judicial para evitar que los acusados fueran enviados a Chile.
Explicó que sólo quedaba recurrir a un artículo del tratado de extradición firmado en 1897 por Chile y Uruguay, por el cual los gobiernos de esos países pueden rechazar la extradición cuando recaiga sobre personas de una u otra nacionalidad.
De todas formas, no se mostró optimista ante el anuncio del Poder Ejecutivo de dar curso a la resolución de la Suprema Corte y la aclaración de la ministra de Defensa, Azucena Berrutti, de que se cumpliría el fallo.
Los militares, igualmente, resolvieron pedir una entrevista al Presidente Vázquez para que el Mandatario impida la extradición.
El caso del ex químico de la DINA
El cadáver de Berríos fue descubierto en abril de 1995 semienterrado en una playa de El Pinar, 28 kilómetros al este de Montevideo, maniatado y con dos balazos en el cráneo.
En Uruguay la investigación del crimen fue archivada el pasado 13 de febrero a pedido de la fiscal Nancy Hagopián.
El juez Pedro Salazar, de Pando, a 37 kilómetros de Montevideo, que decidió el "archivo de la causa", declaró sin embargo que "existían elementos de convicción suficientes" como para procesar a Radaelli, Sarli y Casella, pero que hay un impedimento legal cuando la Fiscalía no lo solicita.
Berríos, ex agente de la DINA, fue sacado de su país en 1991 por militares chilenos para evitar que declarara en un juicio por el homicidio del ex canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier, ocurrido en Washington en 1976.
Permaneció oculto en Uruguay hasta 1992, protegido clandestinamente por militares chilenos y uruguayos, hasta que intentó fugarse y fue ultimado por sus custodios.
La última vez que se le vio con vida fue en noviembre de 1992, cuando denunció ante un puesto policial de Parque del Plata, a 44 kilómetros de Montevideo, que estaba secuestrado en ese balneario y temía por su vida.
La policía, empero, devolvió al químico a sus captores, quienes lo llevaron con rumbo desconocido.
