SANTIAGO.- El Fiscal Nacional, Guillermo Piedrabuena formuló diez propuestas de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana y realizó un satisfactorio balance de la implementación del Ministerio Público, institución fundamental del nuevo sistema procesal penal, al dar lectura a su séptima cuenta pública.
Piedrabuena leyó su cuenta este mediodía ante las máximas autoridades del país reunidas en el ex Congreso Nacional, según lo establecido por el artículo 21 de la Ley 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público.
La máxima autoridad de la institución autónoma que tiene a su cargo la investigación de los delitos y la persecución penal pública en el nuevo sistema entregó las primeras propuestas del Ministerio Público para mejorar el sistema penal. Lo hizo en cumplimiento de lo dispuesto por la modificación legal introducida en la ley 20.074, que estableció que el Fiscal Nacional podrá "sugerir las políticas públicas y modificaciones legales que estime necesarias para el mejoramiento del sistema penal, para una efectiva persecución de los delitos, la protección de las víctimas y de los testigos y el adecuado resguardo del derecho de las personas".
De las iniciativas analizadas por el Ministerio Público, luego de un estudio que incluyó el aporte de organismos universitarios y entidades especializadas, el Fiscal Nacional expuso diez, y anunció que se mantendrá la evaluación de otras ideas, puesto que la nueva facultad legal es permanente.
En el ámbito de los delitos contra la propiedad, sugirió potenciar y actualizar tecnológicamente las cámaras de vigilancia en los espacios públicos por parte de las municipalidades e intendencias y su inserción dentro de las estrategias antidelictuales coordinadas entre el Ministerio Público y las policías.
Para enfrentar la venta de artículos robados, el Fiscal Nacional sostuvo que se deben generar instancias de coordinación entre el Ministerio Público, el Gobierno, las Policías, las municipalidades y el sector privado con la finalidad de individualizar, mediante mapas, los mercados de reducción de especies robadas y diseñar estrategias de intervención de dichos mercados.
Para potenciar la efectividad en la persecución de delitos complejos como los que promueve el crimen organizado y el narcotráfico, el Fiscal Nacional propuso el potenciamiento de la capacidad para interceptación telefónica, tanto en las compañías de teléfonos como en las policías.
Asimismo, planteó fomentar la transferencia de información, con ayuda de medios tecnológicos, desde los sistemas informáticos de las policías y el Ministerio Público, y la comunicación con las bases de datos y bancos de imágenes públicas y privadas (Policía, Ministerio Público, Registro Civil, Gendarmería, grandes tiendas, supermercados, etc.).
Otras medidas propuestas son el perfeccionamiento de la suspensión condicional del procedimiento y las medidas alternativas para que se asegure el control efectivo de las condiciones establecidas y la reinserción laboral del imputado. En esa misma línea, el Ministerio Público apoya la generación de una red social público-privada para ofrecer capacitación laboral.
Sostuvo además que se hace necesario mejorar el control de las medidas cautelares y de las penas alternativas a la privación de libertad y asegurar el cumplimiento efectivo de la pena de multa.
La intensificación de campañas mediáticas destinadas a difundir hábitos y mejores prácticas de prevención del delito también fue propuesta por Piedrabuena.
El Fiscal Nacional sostuvo que "El Ministerio Público observa con preocupación, tal como lo señaló la Comisión de Seguridad Pública del Senado, una gran descoordinación de los organismos del Estado en materia de prevención y represión del delito y una falta de políticas públicas que dirijan la acción del Estado en el combate del delito y respeto de los derechos de las personas, en especial de las víctimas".
En ese marco, manifestó su conformidad con la idea de crear un Ministerio de Seguridad Pública.
Proceso inédito y exitoso
La séptima Cuenta Pública del Fiscal Nacional se produce en momentos en que el nuevo sistema procesal penal ya es una realidad en todo el país, al completar diez meses de vigencia en la Región Metropolitana. Piedrabuena calificó como un proceso "inédito y exitoso" la puesta en marcha del Ministerio Público en un período de seis años. "Es inédito porque crear con plazos tan estrechos como los fijados en nuestra Ley Orgánica una organización de la magnitud del Ministerio Público no tiene precedente en nuestro país, ni en el sector público ni en el privado", aseguró.
"Los fiscales son claramente los intervinientes más dinámicos y relevantes del nuevo proceso. Su independencia, transparencia, objetividad y legalidad son indispensables para el prestigio del nuevo sistema", destacó el Fiscal Nacional.
Piedrabuena también aludió al rol de autoridad que tienen los fiscales: "Si son autoridades , los fiscales deben ser protegidos por el resto de las autoridades públicas que intervienen en el proceso penal, incluyendo Gendarmería, Policías, entre otras, en contra de aquellos que amenacen o agredan a los fiscales cuando se encuentran ejerciendo sus funciones públicas".
En cuanto a avances desarrollados durante 2005, el Fiscal Nacional resaltó que se consolidó el proyecto nacional de uso del Sistema de Información Geográfico para el análisis criminal (SIG). Asimismo, destacó la creación de la Unidad Nacional de Capacitación, entidad de la Fiscalía Nacional que se proyecta como la base para una futura Academia de Fiscales.
En al ámbito de los desafíos que vienen, el Fiscal Nacional destacó el trabajo desarrollado por el Ministerio Público para enfrentar la nueva ley de responsabilidad penal adolescente, que se aplicará a partir del 7 de junio de 2006.
