SANTIAGO.- El Gobierno y la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado acordaron este miércoles dar pasos para destrabar la reforma constitucional que autoriza al Estado a aprobar el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional.
En lo concreto todas las bancadas van a ratificar el acuerdo político que se rubricó el año pasado para aprobar el proyecto, que modifica la Constitución chilena, con el fin de que la votación sea unánime.
Esto se logró en el marco de la sesión en que dicha comisión recibió al Ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, para conocer las razones que tuvo el Ejecutivo para retirar la urgencia de la reforma.
El secretario de Estado señaló que este es un tema de Estado por lo cual la idea es que esta aprobación se realice con pleno acuerdo de todos los comités. "Tenemos un acuerdo político de todas las bancadas representadas en la Comisión de Constitución y el Gobierno para llevar adelante esta reforma constitucional", afirmó.
Además se acordó avanzar en los delitos tipificados en el Estatuto de Roma y que actualmente no se encuentran en la legislación chilena. Estos son: genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Aunque ni el Canciller ni los parlamentarios entregaron plazos, se espera que dentro de 10 días, el proyecto entre a la Sala del Senado para ser votado.
Chile es el único país sudamericano que no ha reconocido aún el TPI, a la espera de que el Congreso estadounidense termine el debate interno sobre la norma denominada Aspa (American Servicemembers Protection Act), la cual garantiza inmunidad a los ciudadanos de ese país y faculta al Presidente a usar "todos los medios" necesarios para liberar a efectivos arrestados por orden de ese tribunal.
Esta ley se encuentra en discusión en Washington por cuanto hay sectores políticos de ese país que están en contra de la normativa.
En tanto, los demás países de la región (salvo Colombia) han aprobado el TPI y han decidido no firmar el cuestionado acuerdo bilateral que exige EE.UU.
Lo que establece el proyecto
En lo medular, el texto establece que Chile podrá reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional de acuerdo a las condiciones previstas por el tratado aprobado por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional.
No obstante, señala que se considerarán inadmisibles ante el tribunal los casos que hayan sido juzgados o que estén siendo investigados por los órganos nacionales competentes, argumentando que "Chile reafirma la primacía de su jurisdicción penal en relación con los crímenes de competencia de la Corte".
El texto agrega que "ninguna persona será entregada por Chile a la Corte Penal Internacional", en tanto los órganos competentes de nuestro país tengan la oportunidad de investigar los presuntos delitos, y establece que la jurisdicción del tribunal internacional sólo podrá ejercerse respecto de los crímenes de su competencia.
