Marisol Turres. (Foto: Jaime Bascur/El Mercurio.) |
SANTIAGO.- La diputada UDI Marisol Turres dijo que "llegó el momento de proteger a las víctimas más que a los delincuentes", tras ser recibida por el Presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia.
La parlamentaria gremialista le entregó al máximo representante del Poder Judicial el Proyecto de Acuerdo aprobado recientemente por la Cámara de Diputados, por el cual se le solicita a la Presidenta de la República que impulse la creación de un Servicio Nacional de Asistencia Jurídica y Social, de carácter profesional que haga realidad el acceso a la Justicia para las personas de menores recursos.
La legisladora indicó que sí bien se ha implementado una serie de reformas judiciales que tienen por objeto mejorar el acceso a la justicia en nuestro país, tales como la reforma procesal penal o la creación de los tribunales de familia y existe una importante inversión pública en la implementación de estas reformas, aún persisten desigualdades que impiden el acceso igualitario a la justicia.
"La reforma procesal penal contempló la creación de un servicio público, descentralizado funcionalmente y desconcentrado territorialmente, denominado Defensoría Penal Pública, que tiene por finalidad proporcionar defensa penal a los imputados o acusados por un crimen, simple delito o falta que sea de competencia de un juzgado de garantía o de un tribunal de juicio oral en lo penal y de las respectivas Cortes, en su caso, y que carezcan de abogado. Sin embargo, y por razones inexplicables, la reforma no contempló un servicio que prestara asistencia jurídica de igual calidad para las víctimas de los delitos, por lo que éstas se encuentran sin la representación judicial necesaria para la defensa de sus derechos, más aún, cuando es menester contar con un abogado para querellarse y demandar los perjuicios ocasionados en la comisión de un crimen, simple delito o falta", destacó la Diputada Turres.
La parlamentaria destacó la enorme la frustración que ha generado en las personas, la puesta en marcha de los Tribunales de Familia, pues no se ha cumplido con las expectativas creadas y existe hoy una gran dilación y postergación, especialmente para las mujeres jefas de hogar que no cuentan con abogados que las representen.
Según la diputada Marisol Turres, la actual asistencia jurídica del Estado se presta en múltiples servicios no integrados, como por ejemplo las Corporaciones de Asistencia Judicial, el SENAME, el SERNAM, la Defensoría Penal Pública, los Abogados de Turno, la Fundación de Asistencia Legal y Social de la Familia y otros, por lo que no se asegura una eficiente defensa de las víctimas de la delincuencia.
"Es claro que las Corporaciones de Asistencia Judicial existentes no cuentan con medios físicos ni con el personal necesario para atender a las personas de escasos recursos y descansa esencialmente en el trabajo de alumnos egresados de las Carreras de Derecho, por lo que este esquema de defensa no asegura la igualdad de acceso a la justicia para las personas que han sido víctimas de los delincuentes, sobre todo considerando que ellos no cuentan con los recursos suficientes para tener una defensa privada", indicó la parlamentaria.
Dada esta nefasta realidad, la parlamentaria informó que la Cámara de Diputados aprobó un Proyecto de Acuerdo de su autoría, por el cual se le solicita al Gobierno que asuma su rol constitucional de asegurar el acceso a la justicia a todas las personas y no solo a los imputados o victimarios, ya que actualmente, sólo se está garantizando la defensa de éstos, dejando de lado a las víctimas.
Por ello, dijo, estoy impulsando la creación del Servicio Nacional de Asistencia Jurídica y Social, - el cual sería la contraparte de la Defensoría Penal Pública y que atiende al 95 % de los imputados -, para lo cual la Presidenta Bachelet debería enviar un Proyecto de Ley que lo creara, otorgándole los recursos necesarios para asegurar su funcionamiento en todo el país".
