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La UDI dice que el proyecto para condenados mapuches ampara violencia

Acusan que con ese proyecto la Concertación ampara la violencia, deslegitima nuevamente a la gran mayoría de las comunidades mapuches que son pacíficas y minimiza la realidad de la violencia en la zona.

28 de Junio de 2006 | 18:49 | El Mercurio en Internet
SANTIAGO.- El senador Hernán Larraín y el diputado Gonzalo Arenas denunciaron que el proyecto planteado por el oficialismo para solucionar el conflicto mapuche agrava la crisis y ampara las acciones violentas o terroristas.

Los legisladores dieron a conocer que en el día de ayer y en el marco de la sesión especial de la Comisión de Constitución y justicia del Senado, "el Gobierno ha notificado a la Alianza que no existe ninguna posibilidad de diálogo ni acuerdo para llegar a una solución de fondo para terminar con la violencia que afecta a la Araucanía, cerrándose además al necesario debate y perfeccionamiento de las políticas destinadas a mitigar la situación de pobreza de cientos de comunidades mapuches de la región de la Araucanía".

Manifestaron que el Gobierno anunció que presentará un proyecto de ley de reforma a la actual legislación antiterrorista, excluyendo como tal al delito de incendio, como vía para resolver el problema puntual de los cuatro comuneros mapuches actualmente condenados por delitos terroristas en al Araucanía.

"Somos enfáticos en señalar, que de todas las soluciones posibles al problema de los actuales comuneros condenados, la propuesta de modificación de la ley antiterrorista, es la peor de todas, pues es precisamente el "incendio" la forma en que se concretan más del 90% de los atentados en la Araucanía. Dicha solución, - dijeron -, demuestra una irresponsabilidad y una falta total de conocimiento de la actual realidad de la Araucanía, y de los procedimientos delictuales que se ocupan para "sembrar el terror" en la zona".

Los legisladores gremialistas indicaron que con un proyecto de ley como el anunciado, el gobierno de la Concertación ampara la violencia, deslegitima nuevamente a la gran mayoría de las comunidades mapuches que son pacíficas y nuevamente minimiza la realidad de la violencia en la zona.

El diputado Gonzalo Arenas indicó que entre los atentados más dramáticos y angustiantes para la comunidad, se encuentra precisamente la quema de casas, en donde se obliga a huir a sus moradores, incluyendo en muchos casos a niños y ancianos para proceder a quemar sus hogares a su vista y paciencia.

Como antecedente, el parlamentario recordó los siguientes atentados de quema de hogares, los cuales no serán amparados por la ley antiterrorista: Quema de casa Fundo Sta. Ana, el 16 de abril de 2002, en Vilcún; Quema de casa del Fundo Pideco, el 20 de mayo de 2002, en Ercilla; Quema de la casa de Fundo, en septiembre de 2002, en Ercilla; Quema casa Fundo Montenegro, en noviembre de 2002, en Ercilla; Quema casa Fundo Chihuaihue, en diciembre de 2002, en Ercilla; Quema casa Fundo de César Gutierrez, en marzo 2003, en Ercilla; Quema casa de Ricardo Martin, en marzo 2003, en Ercilla; Quema de la casa de Jorge Luschinger, junio 2005, en Vilcún.

"Actualmente hay 40 predios con protección policial, precisamente por las amenazas de atentados incendiarios", dijo.

"Con esta modificación a la ley antiterrorista, esos atentados concretados en quemas de casas, podrán tener una sanción, que en el mejor de los casos puede ser de 5 años y 1 día y en el peor puede llegar a ser de sólo 541 días. Es decir, la misma sanción de un "hurto cometido por un dependiente" (un jardinero que roba un televisor de la casa en la cual trabaja)", indicó el diputado Arenas.

"En el caso de quema de bosques o predios, dijo, la sanción podría quedar entre 3 años y 1 día a sólo 61 días, es decir, en el mejor de los casos con la misma sanción de un Hurto de 6 UTM.

Los legisladores concordaron que además se perderán importantes ventajas procesales que otorgaba la ley antiterrorista:

"Se perderá la facilidad para interceptar, abrir o registrar las comunicaciones telefónicas, informáticas, epistolares y telegráficas del imputado y todas las medidas de protección de testigos contempladas en el artículo 15 al 21 de la ley 18.314", precisaron los legisladores..

"Es decir, - indicaron finalmente los legisladores gremialistas -, si hoy, con la aplicación de la ley antiterrorista, la justicia ha sido muy poco eficaz para condenar a los imputados o involucrados en atentados incendiarios en la IX Región, con esta modificación propuesta, definitivamente se consagra la impunidad".
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