SANTIAGO.- La jueza Mary Rutherford, del II Juzgado del Crimen de Santiago, dio hoy un plazo de 30 días a los refugiados peruanos que quieren querellarse contra el Presidente electo de su país, Alan García, por presuntas violaciones a los derechos humanos para que prueben que no hay o no ha habido juicio por la misma causa en Perú.
Ayer se informó que la jueza había acogido la querella a trámite, pero, al oficializarse hoy su resolución, se conoció las condiciones que impuso.
La querella fue presentada por los abogados chilenos Hugo Gutiérrez y Roberto Avila el pasado 22 de junio, en representación de los peruanos Raúl Paiva y Rodolfo Noriega, dirigentes del Comité de Refugiados de Perú en Chile, cuando García visitó el país para reunirse con la Presidenta Michelle Bachelet.
Los abogados querellantes, precisaron las fuentes, deberán demostrar que no ha habido juicio alguno en contra de Alan García en Perú por la matanza de alrededor de 300 presos en tres cárceles de ese país el 19 de junio de 1986, para que la querella sea admitida.
"Si ello no se prueba, la querella se da por no presentada" estableció la magistrada chilena en su resolución.
García, que gobernó Perú entre 1985 y 1990, asumirá nuevamente la primera magistratura de su país el próximo 28 de julio.
La jueza Rutherford consigna también en su resolución que los delitos que se imputan a Alan García son de lesa humanidad y que hay jurisdicción internacional para investigarlos.
Sin embargo, matiza que sobre la jurisdicción internacional debe primar la territorialidad, esto es que los delitos denunciados deben ser investigados con prioridad en el país donde se cometieron.
La demanda se refiere a las matanzas de presos pertenecientes a Sendero Luminoso y a otros grupos, el 19 de junio de 1986 en las cárceles de El Frontón, San Juan de Lurigancho y Santa Bárbara, donde los reclusos se amotinaron para evitar ser trasladados a la prisión de alta seguridad de Canto Grande.
