Vea el estudio
| Ficha técnica |
Universo: Sentencias condenatorias de 2004 y 2005.
Muestra total: 1.607 condenas
Tribunales: Juzgados de Garantía y Tribunales de Juicio Oral en lo penal de Valparaíso, Viña del Mar, Concepción (delitos de mayor connotación social y droga), Arica e Iquique (sólo droga).
Delitos: Robo con violencia, con intimidación, por sorpresa, con fuerza, hurto, lesiones, homicidio, violación, abusos sexuales, tráfico de drogas.
Margen de error: 5% y 95% de significancia en el nivel nacional.
Fuente de información: Registros de sentencias del sistema informático de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. |
SANTIAGO.- Un estudio realizado por la Fundación Paz Ciudadana concluyó que en algunos delitos de alto impacto social, como homicidio, robo o violación, la Justicia ha aplicado en varias ocasiones penas bajo el rango legal.
Lo anterior se explicaría, principalmente, por una mayor consideración de atenuantes y la aplicación de procedimientos que fijan un límite superior de pena.
La investigación se basa en un análisis realizado a 1.607 sentencias condenatorias dictadas en los años 2004 y 2005, por lo que considera los efectos de la Reforma Procesal Penal.
En el caso del delito de violación, el 48% de las penas están bajo los rangos que establece la ley.
En el caso del homicidio, el 51% de las penas están bajo el rango legal, en el robo con fuerza la situación alcanza al 70%, en el robo con violencia al 43% y en el delito de tráfico de drogas, estaría bajo el 39%.
Según el estudio, las atenuantes de responsabilidad más aplicadas fueron la irreprochable conducta anterior y la colaboración de los detenidos con la investigación.
El organismo establece que la implementación de la Reforma Procesal Penal no ha producido una menor aplicación de penas de cárcel en los casos de delitos de mayor connotación social y delitos de tráfico de drogas.
De acuerdo al gerente general de Paz Ciudadana, Gonzalo Vargas, existe una gran cantidad de personas condenadas a medidas alternativas a la reclusión y, a su juicio, el debate debería centrarse en cuán eficaz es la policía y la fiscalía para llevar los casos a la justicia y no tanto en la magnitud de las penas.
"Los estudios internacionales demuestran que si se modifica la magnitud de la pena, la ley, no tiene mayor impacto si es que al mismo tiempo no se aumenta la probabilidad de condena. O sea es mucho más grave la impunidad que la magnitud de la pena", indicó.
La investigación también concluyó que un 27,7% de los detenidos son o han sido reincidentes. Además en las cárceles chilenas hay aproximadamente unos 37.000 reclusos, con un aumento de 5% al año entre 1995 y 2005. Una persona en la cárcel le cuesta al país $ 200.000 mensuales.
