ANTOFAGASTA.- La presentación de un proyecto de ley que cambia el estatuto jurídico de la Defensoría Penal Pública para otorgarle autonomía y desligarlo de la dependencia del gobierno, anunciaron el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, Pedro Araya (DC) y el diputado integrante, Juan Bustos (PS).
El proyecto se gestó a raíz de la prohibición del gobierno a que el defensor nacional, Eduardo Sepúlveda, hable sobre la crisis carcelaria, que podría agravarse con la aprobación de la agenda antidelincuencia.
A juicio de Araya, diputado por Antofagasta, esto solucionaría el "absurdo jurídico" que se produce cuando a través del ministerio del Interior, el gobierno se querella en casos de ley antiterrorista, delito tributario o de seguridad interior del Estado, entre otros, mientras este organismo defiende a los imputados.
El proyecto, que dijo "modificaría una de las patas cojas de la Reforma Procesal Penal", permitiría que la defensoría pueda tener opinión pública sobre criterios de política criminal y garantizaría un legítimo derecho a la defensa, sin la posibilidad de que el gobierno pueda intervenir o, eventualmente, rechazar la defensa de un imputado.
Así se busca "que la defensoría tenga una voz propia sin las limitaciones que eventualmente pueda generar una autoridad de referirse sobre los temas de interés criminal", precisó Araya.
Igualdad con Ministerio Público
Actualmente el Ministerio Público, encargado de ejercer acusación en contra de los presuntos responsables de delito, es un organismo autónomo e independiente, situación que consideran los diputados debiera ocurrir también con la Defensoría Penal Pública, el órgano encargado de la defensa de los imputados a fin de asegurar legitimidad a las personas.
El cambio del estatus jurídico no implicaría un aumento de fondos para el funcionamiento del organismo, puesto que anualmente su funcionamiento se regula en la ley de Presupuesto, y ’’al ser organismo autónomo no cambiaría su volumen presupuestario, porque sólo cambia su estatus’’, consignó La Tercera.cl.
