SANTIAGO.- El pleno del Senado decidió postergar hoy la votación sobre el proyecto de reforma constitucional que permite a Chile ratificar el Tratado de Roma que creó el Tribunal Penal Internacional (TPI).
La unanimidad de los miembros de la Cámara Alta aprobó remitir a la Comisión de Defensa el texto, pese a que estaba en tabla para ser visto durante esta tarde.
La razón fue la solicitud expresa de la comisión de Defensa de analizar el documento en detalle debido a las implicancias y repercusiones que traería para Chile la suscripción del tratado, debido a que Estados Unidos podría encarecer los insumos militares.
Según el presidente de la comisión, senador Juan Antonio Coloma (UDI), es a lo menos razonable poder analizar todas las implicancias que respecto de este punto podría tener la suscripción del tratado.
"Me parece razonable ver qué supone, desde el punto de vista de la seguridad hemisférica, para el posicionamiento de Chile, la eventual aprobación de este tratado y las consecuencias que la ley americana aplica en esta materia", señaló.
En tanto, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, Jaime Naranjo (PS) dijo que se debe entender que esta iniciativa requiere de un quórum alto y que si se está pidiendo un debate, es necesario agotar todas las vías para viabilizar una aprobación.
La postergación del pronunciamiento del Senado no debiera exceder el plazo de una semana.
El acuerdo
El TPI fue firmado en julio de 1998 en la capital italiana y ya ha sido ratificado por más de cien países. El Gobierno de Chile también lo suscribió y lo ingresó a trámite legislativo ese mismo año sin lograr consenso.
El 8 de abril de 2002, el Tribunal Constitucional exigió, para hacer válida la ratificación en Chile, que el TPI debía ser incorporado al "sistema interno mediante una adecuación constitucional" la que fue enviada a fines del 2005 a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado por el ex Presidente Ricardo Lagos.
De ser aprobada por el pleno, la reforma irá a la Cámara que tendrá que ratificarlo antes de convertirse en ley y facultar la discusión y la eventual ratificación del tratado quedando Chile bajo la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional.
La ratificación por Chile ha sido criticada por las restricciones militares que aplica EE.UU. a los países firmantes y que no eximen a sus militares de esa corte.
