SANTIAGO.- El presidente del Colegio Médico, Juan Luis Castro, indicó que apoya la disposición del Ministerio de Salud de entregar la píldora del día después a jovenes mayores de 14 años y además señaló que el medicamento sólo puede ser solicitado con receta médica.
Castro afirmó que "nosotros pensamos que la píldora del día después debe darse con receta médica para evitar la venta clandestina y para impedir que los jóvenes la consuman habitualmente".
Respecto a las críticas que ha recibido el Gobierno por el anuncio de la norma, Castro manifestó que el límite de edad que consideró el ministerio está ajustado por ley, debido a que en la legislación de delitos sexuales quedó dispuesto que los mayores de 14 años están en condiciones de decir que otorgaron el consentimiento para participar de una relación sexual.
El presidente del gremio indicó que "apoyamos a la ministra en esta medida porque es para casos excepcionales y los 14 años corresponde a la voluntad de la mujer. Además tampoco está comprobado que la píldora sea abortiva".
De igual forma, Castro añadió que la norma no evita que los padres tengan un rol clave en apoyar a los hijos.
Frente a la postura del alcalde La Florida, Pablo Zalaquet (UDI), quien no está dispuesto a entregar la píldora en su comuna, la autoridad médica señaló que siempre este tema va a ser polémico, sin embargo, "no se pueden tapar el sol con un dedo porque la realidad dice que hoy la píldora se vende en todas las farmacias".
Castro dijo que la iniciativa no implica que se obligue a las menores a consumir la píldora, sino que dependerá también de sus valores, principios y, por su puesto, del diagnóstico médico.
Además agregó que el médico está en su derecho de no querer entregar la receta para el consumo de la píldora del día después. Esto gracias a la libertad de conciencia. Sin embargo, añadió que los alcaldes no pueden imponer a todos los consultorios de su comuna que no entreguen la píldora y menos que la gente no pueda acceder a esta. Esto porque, según dijo, los ediles no tienen la facultad para hacerlo.
El colegiado afirmó que "al ser una norma sanitaria, un decreto supremo, un reglamento oficial del ministerio de salud, debe ser acatada por los municipios".
