SANTIAGO.- La Alianza cuestionó duramente los anuncios que hizo este jueves la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, respecto de las medidas pro transparencia.
El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Hernán Larraín, criticó la calidad de las iniciativas, señalando que éstas no terminan con las irregularidades y desvíos de dinero desde el aparato público.
Agregó que la agenda anticorrupción de la Mandataria es producto de una oportunidad y no de una convicción.
"A la luz del día se dice 'vamos a combatir la corrupción, vamos a combatir todos los hechos escandalosos como los de Chiledeportes. Pero de noche, ministros de Estado impiden las investigaciones sobre estas materias para buscar la verdad, para saber quiénes son los responsables políticos", cuestionó el senador.
Larraín dijo además que el Gobierno intercedió para que no aparecieran nombres en el informe de la comisión de la Cámara de Diputados que indagó los denominados "empleos brujos" en la Quinta Región.
"Por eso, lo que está diciendo la Presidenta no se compadece con los hechos que vemos los chilenos hoy día. Por eso no le creemos al Gobierno su voluntad de terminar con los hechos de corrupción", añadió.
No pasa por más leyes
En tanto, en Renovación Nacional (RN), la secretaria general del partido, Lily Pérez, llamó al Gobierno a terminar con el nepotismo en los servicios públicos y sostuvo que las mejoras en ese sector pasan por un cambio profundo de actitud y no por más leyes.
"Aquí no se trata solamente de hacer anuncio legislativos o nuevas normas si no hay un cambio profundo de actitud, no son las leyes las que hacen que las personas actúen con probidad y con apego a la ley", indicó.
Sin embargo, a pesar de los cuestionamientos, ambos señalaron que sus partidos están dispuestos a discutir y analizar todas las iniciativas de ley que apuntan a aumentar la transparencia y la probidad en su trámite legislativo.
Para llegar a un acuerdo en conjunto con el oficialismo, la Alianza impuso una serie de condiciones: terminar con los operadores políticos, transparentar el uso de recursos con caracter discrecional y que se establezcan responsabilidades políticas.