Carmen Soria urgió a Senado chileno por indemnización

SANTIAGO.- Carmen Soria, hija del diplomático español Carmelo Soria, asesinado por agentes de la dictadura militar de Augusto Pinochet en 1976, exhortó al Senado de Chile a pronunciarse sobre una indemnización de 1,5 millones de dólares que el Estado comprometió para la familia en 2003.

La indemnización se acordó en un convenio con Naciones Unidas suscrito el 19 de junio de 2003, en el que Chile compromete dicho pago a la familia de Soria, previa ratificación del Congreso.

El acuerdo además obliga al gobierno a reconocer, en una declaración pública, la responsabilidad del Estado por la acción de sus agentes durante la dictadura y ordena levantar un monumento en memoria de la víctima en un lugar designado por su familia.

El pago de la indemnización fue aprobado por la Cámara de Diputados el 22 de marzo de 2005 y desde entonces la familia está a la espera de que el Senado se pronuncie al respecto.

Según el diario electrónico El Mostrador, la hija del ex funcionario de la CEPAL envió una carta a cada uno de los 38 senadores, en la que recordó que el proyecto para el pago de la indemnización, "lleva más de un año esperando en el Senado" por lo que ya ha pasado "tiempo suficiente para concretarlo".

En la misiva, Soria dijo además que los tribunales chilenos han tenido "nulo respeto" ante los acuerdos internacionales suscritos por Chile.

Agregó que en la búsqueda de verdad y justicia para los asesinos de su padre, sólo pudo saber quienes lo mataron y a qué torturas fue sometido, pero no pudo ver a los responsables condenados "como corresponde a cada criminal".

El compromiso entre el Estado chileno y Naciones Unidas fue respaldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que también instó al gobierno de ese país a abrir el proceso sobre el asesinato del español, archivado en 1996 luego que la justicia aplicara la polémica Ley de Amnistía.

Carmelo Soria residió en Chile desde el final de la Guerra Civil española (1936-1939) y fue secuestrado el 14 de julio de 1976 por agentes de la disuelta policía secreta de la dictadura, DINA.

Su cadáver, con evidentes huellas de tortura, fue encontrado dos días después en un canal de aguas servidas de Santiago.