Quieres ver tu clima local?
Mostrar
Santiago: Viernes 26 de abril del 2024 | Actualizado 01:33
SANTIAGO.- La Comisión de Obras Públicas, que preside el diputado del Partido Radical Socialdemócrata (PRSD), Samuel Venegas, aprobó y despachó a la Sala el proyecto que crea el Administrador Provisional del Plan de Transporte Urbano de la ciudad de Santiago.
Según el parlamentario, "el proyecto tiene por objeto autorizar al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, para que pueda designar un administrador provisional, en los casos de caducidad de una concesión, para que se haga cargo temporalmente y garantice la continuidad del servicio, mientras se le adjudique a un nuevo concesionario".
"El administrador tendrá las facultades necesarias para velar por el cumplimiento del contrato de concesión y, especialmente, aquellas correspondientes al giro ordinario de la empresa cuya concesión haya sido caducada, que la ley y el estatuto señalan para el directorio o quien haga sus veces y al Gerente", agregó.
El proyecto establece además que la persona a la que se le caduque su concesión por las causales establecidas en las bases de licitación, quedará inhabilitada para presentarse nuevamente en el proceso de licitación de la concesión caducada.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones deberá designar un nuevo concesionario dentro del plazo máximo de 18 meses, contados desde la fecha en que la caducidad ha quedado ejecutoriada, para lo cual podrá disponer una nueva licitación pública o, por razones de interés público y de buen servicio, también podrá contratar directamente.
"El administrador provisional cesará en sus funciones cuando sea removido por el Ministerio de Transportes o al asumir el nuevo concesionario. El Reglamento establecerá los términos y condiciones para la designación, rendición de cuenta y cesación del administrador provisional. La remuneración del Administrador Provisional será pagada por la empresa caducada con cargo a sus ingresos y fijada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y no podrá exceder en un 50 por ciento a la remuneración promedio que percibe un gerente general de esta industria", explicó el legislador radical.
Finalmente, señaló el presidente de la comisión, "quedó establecido que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones adoptará las medidas necesarias para garantizar la continuidad de la prestación del servicio público y resguardar los derechos de los usuarios de dichos servicios, pudiendo requerir, a través del Ministerio del Interior, el auxilio de la fuerza pública para obtener el íntegro cumplimiento de sus órdenes, instrucciones y resoluciones".
