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Santiago: Viernes 26 de abril del 2024 | Actualizado 21:47
JUNÍN DE LOS ANDES.- Gritando consignas políticas en alusión al "Día del joven combatiente" y acusando al director de Carabineros, general José Bernales, de haber cometido crímenes cuando era jefe de la Dipolcar, los ex lautaristas Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla -sindicados en Chile de participar en la muerte del carabinero Luis Moyano tras un asalto a una sucursal del Banco Security- fueron trasladados esta mañana a una sala de reconocimiento ubicada en el segundo piso de los edificios de los tribunales de esta localidad trasandina.
La diligencia en la que participa el juez Federico Sommer, que instruye una causa en su contra por porte ilegal de armas de guerra y amenazas, tiene como propósito que los testigos que participaron en la riña que terminó con su detención tras estar prófugos de la justicia chilena desde octubre pasado, los reconozcan como las personas que la madrugada del 15 de marzo amenazaron con armas de fuego a los guardias de un exclusivo pub de San Martín, que impedían su ingreso por encontrarse en estado de ebriedad.
Los ex lautaristas fueron conducidos desde el penal contiguo al edificio de los tribunales por cuatro policías fuertemente armados.
En la diligencia los detenidos -cuya expulsión fue solicitada por el Gobierno chileno a raíz de su presunta participación en el asalto al Banco Security que terminó con la muerte del cabo de Carabineros Luis Moyano-, permanecieron en una sala dividida por un vidrio polarizado, a través del cual los testigos debían ratificar al juez Sommer si eran o no las mismas personas involucradas en el incidente.
Para asegurar su pleno reconocimiento fueron colocados junto a otras cuatro personas de similares características físicas.
Esta es la diligencia más importante desde que el juez trasandino procesó a ambos por los delitos antes mencionados y que en Argentina son sancionados con penas que, en el caso de porte ilegal de armas de guerra, van desde tres años y seis meses a ocho años y seis meses de cárcel; y de uno a tres años por amenazas.
Los ex subversivos, junto con lanzar acusaciones contra el director de Carabineros de Chile, dijeron que se está tramitando una solicitud de refugio humanitario, para evitar su expulsión o extradición a nuestro país.
