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Abogado UDI: "Píldora del día después" no podrá venderse en farmacias

Jorge Reyes asegura que las críticas a la decisión del Tribunal Constitucional sobre el fármaco reflejan la intención de "incumplir el fallo a toda costa".

08 de Abril de 2008 | 16:49 | Ximena Pérez G., El Mercurio Online
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Reyes dice que quienes critican el fallo pretenden "incumplirlo a toda costa".

Alejandro Carballal, El Mercurio

SANTIAGO.- Aunque el Gobierno y la Concertación interpretan que la resolución del Tribunal Constitucional respecto a la "píldora del día después" prohíbe su entrega en los recintos públicos, pero no su venta en las farmacias —por ello critican que la medida "es un golpe a la igualdad"—, el abogado Jorge Reyes, patrocinador del requerimiento acogido por el TC, hace una lectura completamente distinta y está convencido de que el fármaco será eliminado del país.


"Las farmacias ni ninguna entidad puede distribuir ni comercializar la píldora, porque en Chile el sistema farmacéutico, el sistema sanitario, sólo permite que circulen para su venta, distribución, entrega gratuita o cualquiera sea el acto jurídico que pretendan hacer con ella, los medicamentos que estén registrados y autorizados por la autoridad, y en este caso (con el fallo del TC) la píldora queda desautorizada", asegura el abogado de la UDI, en conversación con Emol.


El jurista sostiene dicha tesis pese a que en el comunicado dado a conocer por el TC se afirma que la entidad "no se pronunciará acerca de la comercialización de producto farmacéutico alguno".


"Esa declaración es porque no requiere pronunciarse respecto de la comercialización, porque ésta cae por su propia naturaleza", explica Reyes, quien asegura que la no venta de la "píldora del día después" en las farmacias será una consecuencia de la prohibición del sistema de anticoncepción de emergencia en las normas públicas sobre fertilidad, por parte del TC.


Ello, según el abogado UDI, anulará el polémico fármaco en los registros sanitarios e impedirá su importación directa. "Queda eliminado de todo el sistema público y como consecuencia de ello las farmacias ni ninguna entidad puede distribuir ni comercializar la píldora (...) Se elimina y se prohíbe la píldora en cualquier lugar", sentencia.


"Hace muy poco tiempo se prohibió el lindano, y la autoridad no se pronunció respecto de la comercialización del lindano, sencillamente lo prohibió", ejemplifica.


La solicitud de la UDI


Reyes explica que el requerimiento presentado por parlamentarios de la Alianza al Tribunal Constitucional fue más allá de impugnar la normativa que permitía la entrega del fármaco a adolescentes mayores de 14 años sin el consentimiento de sus padres, por lo que la resolución del organismo se aplica a toda la población.


"Nosotros pedimos que (el TC) declarara inconstitucional la contracepción de emergencia, en las normas que fueron declaradas inconstitucionales, las normas técnicas sobre fertilidad, y esa es toda la contracepción de emergencia, o sea, para adultos o para menores, toda, y eso fue lo que acogió el tribunal", precisa.


Agrega que la prohibición abarca toda la contracepción de emergencia, que además del levonorgestrel 0,75 mg., conocido como la "píldora del día después", incluye las combinaciones de píldoras anticonceptivas que contienen levonorgestrel en menores concentraciones y que, eventualmente, pueden concentrarse y ocuparse como "la píldora", así como el "régimen de Yuzpe", que consiste en dos dosis de una mezcla de levonorgestrel y etilin-estradiol.


Críticas al fallo


A juicio del abogado de la UDI, los cuestionamientos del Gobierno hacia la "inequidad" que generaría la decisión del TC resultan "absurdos", y sólo reflejan la falta de voluntad para cumplir la resolución.


"El Tribunal Constitucional qué es lo que es, es la instancia superior de la constitucionalidad del país, entonces, un fallo del Tribunal Constitucional lo que menos podría producir es una inequidad, una desigualdad ante la ley, estaría infringiendo él mismo con su sentencia la propia constitución, no podría darse una cosa así. Entonces, por lógica el argumento del Gobierno es absurdo", afirma.


"A mí lo que más me preocupa es que en vez que haya un ánimo de respeto hacia la institucionalidad vigente y respeto al cumplimiento de los fallos, nos gusten o no nos gusten, lo que hay aquí es un intento serio por tratar de incumplir el fallo a toda costa, y eso me parece peligroso, ya no para este caso, sino que en general para todos los casos del país", subraya.

"Están buscando la manera de modificar una cosa que ya el fallo dice, y no

 

"Porque yo le pregunto a la gente: si esta es la actitud que se tiene

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