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Ascencio pedirá reactivar proyecto para acusar constitucionalmente a miembros del TC

La iniciativa fue ingresada en el año 2002 y aún permanece en la Comisión de Constitución de la Cámara.

24 de Abril de 2008 | 16:19 | El Mercurio Online

SANTIAGO.- El diputado DC Gabriel Ascencio anunció hoy que pedirá reactivar el proyecto de reforma que incluye a los miembros del Tribunal Constitucional entre las autoridades susceptibles de ser acusables en juicio político y que fue ingresado el 2002 al Parlamento.


El proyecto, que fue firmado, además, por el diputado Eduardo Saffirio y por los entonces diputados Juan Pablo Letelier y Edgardo Riveros, tiene por objeto introducir una reforma a la Constitución Política que permita la acusación por notable abandono de deberes de los miembros del Tribunal Constitucional.


Ascencio explicó que "los motivos que fundan esta modificación son establecer el principio de responsabilidad por parte de sus miembros y crear una situación de mayor balance de poder entre el Congreso y el Tribunal Constitucional".


Agregó que, con el fin de aplicar el principio de responsabilidad, la Constitución ha creado una serie de mecanismos que permiten hacerla efectiva, entre ellos, el juicio político. "De esta forma, las más importantes autoridades de la nación son susceptibles de ser enjuiciadas, incluyendo al Presidente de la República y los magistrados de los tribunales superiores de justicia y al contralor general", señaló.


El proyecto, que se encuentra en la Comisión de Constitución, establece que sólo la Cámara de Diputados puede iniciar juicios políticos y que si bien los parlamentarios no pueden ser acusados políticamente, sí están sujetos a controles para evaluar el principio de responsabilidad, como el veredicto de los ciudadanos, y las causales de cesación en el cargo. Sin embargo, a juicio de Ascencio, "existe una situación anómala con el TC, ya que no tiene ningún contrapeso".


Indicó que el argumento de "evitar presiones" -dado que el TC controla los actos de las cámaras- no tiene suficiente fuerza como para justificar que un órgano de la importancia del Tribunal Constitucional sea el único que esté exento de responder por sus actos y omisiones.


"La eventualidad del abuso del juicio político y de su hipotético efecto en el tribunal, no se compara con los gravísimos efectos que se producirían a toda la institucionalidad si el Tribunal dejara de ejercer sus atribuciones o las hiciera en franca infracción a sus deberes", sostuvo.