SANTIAGO.- La sesión del consejo comunal de seguridad ciudadana de Lo Prado fue el escenario escogido por la Presidenta Michelle Bachelet para anunciar el envío al Parlamento de dos proyectos de ley que forman parte del Acuerdo Nacional sobre Seguridad Pública, logrado entre el Gobierno y la oposición en noviembre pasado.
El primer proyecto plantea la creación de un fondo nacional para la representación de víctimas de delitos, que será administrado por el Ministerio de Justicia y entregará protección y asistencia a las personas naturales que sean afectadas por delitos violentos, garantizado su defensa jurídica.
“Lo que queremos es estar junto a las víctimas, para decirles que no están solas y que las vamos a asistir”, explicó Bachelet.
La segunda iniciativa, en tanto, establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad, a fin de incorporar nuevas opciones al cumplimiento de penas en recintos carcelarios, como la reparación del daño y el trabajo en beneficio de la comunidad, además de hacer más eficiente el control de su efectivo cumplimiento.
Para la aplicación de esta última medida, la Mandataria aseguró que se inyectarán recursos para que, por la vía de la licitación, las instituciones acreditadas desarrollen proyectos.
Esta iniciativa también propone un monitoreo electrónico a distancia de los reos, por el mismo tiempo y horario que sería la reclusión nocturna.
Junto a esto, el proyecto limita el beneficio de la libertad vigilada, “de manera que no pueda proceder en caso de delitos graves, como los robos calificados, secuestros calificados, sustracción de menores, violación y abusos sexuales agravados”, dijo Bachelet.
Asimismo, plantea un nuevo sistema de cumplimiento y control, con nuevas sanciones para quienes infringen el sistema que se ha establecido y, además, entrega más recursos a Gendarmería para que cumpla su tarea.
La Mandataria firmó estos dos proyectos en compañía del ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma; del subsecretario de la cartera, Felipe Harboe: del titular de Justicia, Carlos Maldonado; del Intendente Metropolitano, Álvaro Erazo; y del alcalde de la comuna, Gonzalo Navarrete.
Posteriormente, la jefa de Estado sostuvo por cerca de una hora un encuentro privado con los miembros del consejo comunal de seguridad de Lo Prado e invitados a la ceremonia.