SANTIAGO.- El senador socialista, Carlos Ominami, presentó una iniciativa al ministro Secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, relativa a introducir modificaciones a la Ley Valech, que entre otros aspectos, plantea la necesidad de abrir un plazo de 60 días para que las víctimas del abuso a los derechos humanos que, por distintas circunstancias, no presentaron sus antecedentes puedan hacer valer su derecho.
Ominami, además propuso “corregir la injusticia que se cometió con un conjunto de mujeres, viudas de victimas de prisión política y tortura, que fueron a testificar, y que siempre sintieron que iban a ser parte de los beneficiarios, pero que finalmente fueron excluidas".
Asimismo, señaló también introducir la transmisibilidad de la pensión a los cónyuges de los detenidos y torturados.
"Esta medida no debiera enfrentar problemas de financiamiento, ya que de los casi 28 mil beneficiarios iniciales, se ha pasado en la actualidad, a menos de 20 mil. Más precisamente, la Comisión Valech reconoció 27 mil 264 casos al momento de dictarse la ley", indicó.
Al respecto agregó que "sin embargo, a marzo del 2008, el número de pensiones pagadas por el INP alcanzó a sólo 19 mil 336. Así, 7 mil 938 personas ya no reciben pensión, lo que equivale aproximadamente a unos mil 030 millones de pesos que el Fisco ahorra anualmente".
El parlamentario añadió, en el ámbito educacional, la posibilidad de la transmisibilidad del beneficio referido al financiamiento total de cualquier carrera de educación superior, pues la actual ley no contempla esta opción.
"Considerando, que la mayoría de las personas calificadas como ex presos políticos y torturados son personas de avanzada edad que ya no están interesados o no tienen la posibilidad de cursar carreras universitarias o en Institutos profesionales, proponemos modificar la ley a fin de darle a este derecho el carácter de transmisible", sostuvo.