SANTIAGO.- El Senado aprobó, por amplia mayoría de 26 votos a favor, el proyecto de reforma constitucional, que establece la obligación de otorgar defensa penal y asesoría jurídica a las víctimas de delitos que no pueden procurárselas por sí mismas, iniciativa que es patrocinada por los senadores Sergio Romero y Alberto Espina.
De esta manera, se pretende la creación de una Defensoría Jurídica, la cual estaba contemplada en el acuerdo político de seguridad ciudadana, alcanzado entre la Alianza, la Concertación y el Ejecutivo.
A juicio del senador Romero, "la iniciativa permitirá corregir un desequilibrio del actual sistema procesal penal, en la forma de proteger y asegurar los derechos de las víctimas de delitos, versus la condición del imputado en un proceso penal".
"Nuestra propuesta apunta a que este 2008 esa cifra de 3% de víctimas que han recibido atención o protección, se incremente al 30%; el 2009 llegue al 50%, y el año 2010 al 70% de las víctimas de delitos graves que no tengan medios propios para tener la adecuada asistencia legal atención y protección", añadió Alberto Espina.
Romero agregó que en los primeros años de reforma, se suscitó una suerte de insatisfacción de las víctimas con el sistema, puesto que en muchas ocasiones éstas querían una solución distinta a la requerida por el fiscal. "Quienes tienen el dinero para pagar un abogado siempre actúan, a través de este, quien presiona constantemente al fiscal y colabora con el mismo. Ello genera una situación desigual e injusta", sostuvo.
El parlamentario precisó que "el Ministerio Público, no representa los derechos del afectado, pues sólo está obligado a brindarle protección; misma obligación pesa sobre los Jueces de Garantía y la Policía".
El parlamentario de Renovación Nacional, valoró el apoyo unánime en la Sala del proyecto, ya que reestablece situaciones fundamentales para el ser humano, pero advirtió que se debe acotar el universo de delitos y de personas que podrían recibir esta asesoría gratuita.