Gobierno no transará en su decisión de pedir la nulidad del fallo del Ciadi

SANTIAGO.- Argumentando que se trata de un asunto de principios, el ministro de Economía, Hugo Lavados, aseguró que el Gobierno no transará en su decisión de pedir la nulidad del fallo del Ciadi que lo condena a pagar un total de 16 millones de dólares a Víctor Pey la fundación española Salvador Allende, por la confiscación del diario "Clarín" en 1973.

El titular de Economía -que lleva los arbitrajes internacionales- afirmó que el proceso se podría extender por "un periodo de largos meses e incluso un par de años", y dejó claro que el Gobierno no está dispuesto a lograr un acuerdo extrajudicial durante los 120 días que dispone para presentar el recurso de nulidad que, de acuerdo a las normas del Ciadi, será visto por un nuevo tribunal.

"Las probabilidades de transar en este momento no las divisamos, dada la manera como se ha llevado adelante el juicio y los argumentos de ambas partes, particularmente los argumentos que los demandantes han entregado", aseveró.

Lavados agregó que la acción se llevará a cabo porque el Ejecutivo considera que el fallo "no es correcto", es "injusto" y "erróneo". 

Además, sostuvo que en este caso no importa cuántos recursos se gasten en la petición de nulidad, puesto que "hay un punto fundamental para el Gobierno de Chile y es que los principios son lo más importante y desde ese punto de vista el tema de qué es lo que sale un poco más barato, un poco más caro, no es la consideración más importante".

La misma línea fue seguida por el vocero Francisco Vidal, quien afirmó que "cuando uno está convencido de un concepto, de un principio, es independientemente de los dólares (...) La decisión del Gobierno es pedir la nulidad porque no está de acuerdo con el juicio, con el concepto; no es un problema de dos lucas más o cinco lucas menos".

El ministro Lavados explicó que "la posición chilena es básicamente que no corresponde lo que están demandando quienes lo están haciendo, y las razones que se dan para presentar esa demanda contra el Estado de Chile".

El Gobierno argumenta que una persona que tiene la ciudadanía chilena no puede plantearse como inversionista extranjero y no puede existir retroactividad respecto a distintas normas o convenios internacionales firmados, como plantea Víctor Pey, que reclamó originalmente el pago de 515 millones de dólares.