SANTIAGO. - Los militares chilenos aún protegen a sus propios involucrados en asesinatos y torturas de opositores durante la dictadura del general Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990, dijo el miércoles el grupo de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional.
Algunos agentes de la dictadura del fallecido Pinochet todavía permanecen en cargos activos y otros que han ingresado a la arena política están obstaculizando los esfuerzos para castigar a los responsables de los atropellos, dijo Sergio Laurenti, director en Chile de Amnistía Internacional.
"Evidentemente ha habido un blindaje institucional, una preocupación corporativa por parte de las Fuerzas (Armadas) por proteger a sus miembros", dijo Laurenti previo al lanzamiento del informe global anual de Amnistía sobre la situación de los Derechos Humanos.
"El motivo principal es porque hay oficiales de las Fuerzas Armadas en actividad en altos mandos, que son responsables de violaciones a los Derechos Humanos", agregó.
Unas 3.000 personas murieron asesinadas durante el mandato de Pinochet. Muchos fueron secuestrados por agentes de la dictadura y sus cuerpos aún no se encuentran.
Otros 28.000 sufrieron torturas, incluyendo la propia presidenta chilena, Michelle Bachelet.
Laurenti destacó la negación que hizo la Armada sobre las torturas que se realizaron a bordo del buque escuela "Esmeralda" a principios de la dictadura de Pinochet, que aseguró fue "sintomático" de la protección al personal militar.
Defensores de los Derechos Humanos y familiares de las víctimas de la dictadura dicen que las ruedas de la justicia están avanzando demasiado lento.
Sólo una treintena de ex agentes y colaboradores de la represiva policía secreta de Pinochet han sido condenados hasta el momento por crímenes, a casi dos décadas del término de la dictadura, mientras que casi 500 se encuentran bajo investigación.
Laurenti dijo que los militares están más abiertos y mejor entrenados a medida que oficiales con cultura democrática han asumido puestos importantes, aunque todavía hay otros que están intentando poner trabas a la justicia y ha habido "un descuido" por parte de la misma.
"El Gobierno dice que sí hace (lo suficiente) al dejar que la justicia se haga. En la práctica el Gobierno probablemente podría hacer más, pero no quiere otra "papa caliente" en las manos", afirmó.
Una Ley de Amnistía decretada por Pinochet en 1978 para proteger de las querellas a los uniformados y agentes de la policía secreta se mantiene vigente, aunque los tribunales progresivamente están permitiendo juicios en los últimos años.
Luego que el director en Chile de Amnistía Internacional acusara a las Fuerzas Armadas de "blindar" a sus miembros que han violado los derechos humanos en el país, el vocero de Gobierno, Francisco Vidal, afirmó que la agrupación "se equivoca".
"Si hay un país en América Latina, que como tantos otros vivimos en dictadura, en materia de violación a los derechos humanos, su esclarecimiento, justicia y verdad, ahí sí que somos top one", afirmó Vidal.
El secretario de Estado dijo que resulta paradojal que esta crítica se haga justo cuando la justicia procesó simultáneamente "a la mayor cantidad de agentes represores" en el caso de la "Operación Colombo".