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Santiago: Miércoles 24 de abril del 2024 | Actualizado 01:12
VALPARAÍSO.- En condiciones de ser votado por la Sala del Senado quedó el proyecto de acuerdo aprobatorio de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo.
La iniciativa, en segundo trámite, fue aprobada en forma unánime por la Comisión de Relaciones Exteriores. De acuerdo a las cifras entregas por el gobierno, en Chile un 12,9 por ciento de la población tiene alguna discapacidad, es decir, unos 2 millones 68 mil 72 personas.
De ellas, 403 mil 942 viven con una discapacidad severa; 513 mil 997 con una discapacidad moderada y un millón 150 mil 133 con problemas leves.ç
Así lo afirmó el senador PS Jaime Gazmuri, presidente de la instancia, quien aseguró durante el debate “despejamos las inquietudes surgidas en torno al Protocolo adicional porque la idea fundamental es que se crea un Comité de Monitoreo del Convenio, es decir, una instancia donde personas o grupos puedan exponer sus casos, una vez que se hayan agotado todas las instancias jurídicas, cuando sientan que no se están cumpliendo los derechos establecidos en la Convención".
El parlamentario aclaró que “este Comité no tiene jurisdicción, solo tiene capacidad de desarrollar investigaciones; verificar si esas reclamaciones tienen fundamento y sugerir al Estado miembro medidas que mejoren las situaciones que el Comité considera que son atentatorias a la Convención".
Por lo tanto, la soberanía jurisdiccional de los tribunales chilenos que deben resolver sobre este tipo de reclamos de derechos amenazados o negados, están debidamente resguardados y “en el debate quedó claro que este Comité no tiene ninguna jurisdicción sobre el país sino solo capacidad de escuchar e investigar con acuerdo del Estado miembro y finalmente de sugerir políticas que aseguren cumplimiento de la discusión".
El senador Gazmuri, destacó la aprobación de este Convenio ya que “todas las instancias de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, se reunirán en septiembre y queremos llegar como miembros plenos".
El legislador manifestó que, en lo fundamental este instrumento establece que el centenar de países que adhieren al Convenio, se comprometen a promover, proteger y asegurar los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad.
La iniciativa define los conceptos relativos a la discapacidad física, intelectual o sensorial de largo plazo y se establece el principio de que la sociedad no solo tiene que garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad sino también su libertad fundamental.
En ese sentido, el parlamentario explicó que “deben existir apoyos y políticas específicas, para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus libertades fundamentales. Por ejemplo, el libre desplazamiento mediante accesos especiales en edificios públicos y privados".
Puntualizó que “hay un concepto de fondo que es promover la dignidad y autonomía de las personas, mediante la no discriminación y la aceptación de la discapacidad como parte de diversidad humana. Por lo tanto, se consagra el compromiso de desarrollar políticas que generen igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y para el respeto a las capacidades en evolución".
El Convenio también dispone que “los Estados se comprometen a adecuar la normativa interna a estos principios y a desarrollar una legislación e iniciativas que garantice los principales derechos de los discapacitados".
Por otra parte, existe un compromiso para eliminar “todo tipo de estereotipos, prejuicios y las prácticas dañinas que se desarrollan en nuestra sociedad respecto de los discapacitados. Estamos llenos de prejuicios respecto de la gente que tiene discapacidad y eso genera exclusiones", sostuvo el senador Gazmuri.
