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Santiago: Miércoles 17 de diciembre del 2025 | Actualizado 02:03
SANTIAGO.- La Contraloría General de la República ordenó la realización de un sumario administrativo en la subsecretaría del Trabajo, tras detectar que no hubo rendición de cuentas de 8.142.654 millones de pesos, los cuales fueron destinados a varios programas de empleo, ejecutados por instituciones públicas y privadas.
El informe emitido por el organismo el 16 de junio señala que no existen las conciliaciones bancarias para saber qué ocurrió con este dinero, una situación muy similar a la que se detectó en la seremi Metropolitana de Educación, donde no estaban los documentos que justificaban el correcto gasto de los recursos fiscales.
El documento de 17 páginas da cuenta que al 31 de octubre de 2007, entidades como la Fundación contra la Superación de la Pobreza, el Sence, algunas intendencias, la Conaf, la Conadi y el Prodemu, recibieron transferencias desde la subsecretaría del Trabajo por un monto de 26.186.302 millones de pesos.
Según Contraloría, en esa fecha mantenían recursos sujetos a rendición de cuentas sin documentar del orden de los 8.142.654 millones, de los cuales 3.954.279 millones se destinaron al programa de Inversión en la Comunidad de las intendencias, y 3.365.021 a la ejecución del Programa de Bonificación de Mano de Obra.
La Contraloría, de acuerdo a la información que tuvo a la vista en su investigación, descubrió que, al menos hasta abril de este año, sigue faltando la rendición de alrededor de 3.828.013 millones de pesos del Programa de Inversión a la Comunidad que ejecutan las intendencias.
El organismo fiscalizador también revela en su documento que la misma subsecretaría, al 31 de octubre de 2007, "mantenía recursos pendientes por rendir por ejecuciones de Programas de proempleo, del período de 2003 a 2006, del orden de los 3.090.163 millones".
La Contraloría también detectó anomalías recientes, al conocer que a abril de 2008 permanecían fondos sin la rendición de cuentas del orden de los 2.980.419.
El ente contralor concluye que lo anterior "demuestra la inobservancia de las instrucciones impartidas por la Ley de Presupuestos para el sector público del periodo 2003 al 2007", como asimismo de lo señalado en la ley 20.128 sobre responsabilidad fiscal y de la resolución que fija las normas sobre procedimientos de rendición de cuentas.
