Contraloría detecta anomalías en municipio de Viña del Mar

VIÑA DEL MAR.- El informe final de 20 páginas sobre la auditoría realizada por la Contraloría Regional a la Municipalidad de Viña del Mar detectó irregularidades en un contrato con la cuestionada firma GMA y en el sistema de fiscalización del Casino de Juegos de la ciudad jardín.

Ante las anomalías encontradas en el municipio de la alcaldesa UDI, Virginia Reginato, el ente contralor anunció sumarios "para determinar las eventuales responsabilidades administrativas", un juicio de cuentas y el envío de los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.

Esta es la segunda auditoría finalizada por el organismo a los municipios UDI cuestionados por contratar los servicios de la firma Gestión Municipal Avanzada (GMA). La primera se realizó a la gestión de la alcaldesa de Huechuraba (ex UDI), Carolina Plaza, y se espera que el informe sobre la Municipalidad de Recoleta, que cuestiona los contratos del alcalde Gonzalo Cornejo con dicha empresa, se entregue esta semana.

En el caso de Viña del Mar, la Contraloría Regional -a través del informe fechado el 20 de junio- pidió instruir un sumario administrativo para investigar el contrato suscrito el 18 de julio de 2007 con GMA por el "ordenamiento territorial de información social de la comuna".

De éste se objeta que no se haya velado por "la eficiente e idónea administración de los medios públicos", al igual que no se acreditara con documentos los requisitos técnicos planteados a la empresa. Además, se cuestiona que el contrato haya sido de forma directa y sin licitación pública.

Asimismo, el informe determina la existencia de "sobrepagos" a ciertos funcionarios. Tal es el caso del concejal de Recoleta, Marcelo Teuber (UDI), contratado para la realización de la "Ficha Vecino", a quien le correspondía un pago de $ 23 millones.

De acuerdo con la Contraloría, "no se observa proporcionalidad entre el trabajo encomendado y las remuneraciones pagadas al señor Teuber", además de cuestionarle que no se haya acreditado "mediante antecedentes fidedignos, los conocimientos, la experiencia y condición de experto" del concejal.

Respecto del Casino, el ente contralor cuestiona que trece fiscalizadores sean funcionarios a honorarios pagados por el propio recinto, lo que a juicio de la Contraloría "genera un conflicto de interés entre los funcionarios que cumplen funciones de inspectores y la concesionaria fiscalizada a cargo de pagarles".