Condenan al fisco por caída de puente Loncomilla

TALCA.- El Tercer Juzgado de Letras de Talca condenó al fisco a pagar una indemnización de $205 millones por el daño moral que sufrieron dos de las diez personas que la noche del 18 de noviembre de 2004 cayeron al río Loncomilla al colapsar el puente cuando lo estaban cruzando.

Se trata de la profesora Ruby Torres Castillo; la técnica jurídica Gloria Warnken Díaz, a quienes se les concedió una indemnización individual de $100 millones. Además, $2.821.633 y $99.600 respectivamente, por daño emergente. En tanto, el topógrafo Pablo Astudillo Sepúlveda podrá recibir $1.334.044 por concepto de lucro cesante, como esposo de Gloria Warnken.

En fallo de 65 páginas emitido ayer por el juez, Álvaro Saavedra, destaca que los demandantes tras el colapso del viaducto padecen trastornos por estrés post traumático de carácter crónico y cuadros depresivos severos.

Agrega que las mujeres viajaban en sus respectivos automóviles, precipitándose desde 25 metros de altura a las aguas del río Loncomilla, quedando sumergidas en la oscuridad y atrapadas en las cabinas de los vehículos, a punto de ahogarse y sufriendo lesiones.

Además sostiene que uno de los móviles "se precipitó de punta estrellándose con los materiales derrumbados del puente (…) llenándose de agua la cabina". Ambas fueron rescatadas por José Moreno Romero, quien cayó desde otro automóvil.

El escrito señala que el fisco incurrió en falta de servicio. "Resulta a lo menos impresentable que el Fisco de Chile –en conocimiento de los problemas estructurales que presentaba el puente en cuestión (…) tardara más de un año en adoptar la decisión de repararlo", y afirma que el servicio se prestó en forma deficiente y tardía. Incluso que durante la reparación de viaducto no hubo adecuada fiscalización del tránsito de camiones con sobrepeso hasta 130 toneladas.
 
Se detalla que la decisión de reparar el viaducto demoró un año y 26 días, pese a que las graves fallas estructurales se detectaron el 2 de mayo de 2002.

Añade que el entonces director de Vialidad del MOP, Sergio Galilea dio cuenta al ministro de Obras Públicas de los "serios problemas estructurales" del puente que podrían generar "incluso su colapso".

"Estamos conformes. El juez fue objetivo. Y el Esado sabía que el puente tenía graves deficiencias", sostuvo el abogado demandante Javier Albornoz. En diciembre último, el mismo juez condenó al fisco con el pago de $300 millones para otras tres víctimas que cayeron del puente: Luis Ortega Navarro, José Moreno Romero y Pedro Allendes Aguilera.

En tanto, en diciembre de 2006 el Primer Juzgado de Letras de Talca emitió la primera condena contra el Estado en este caso, tras la demanda presentada por el matrimonio entre Beatriz Quintanilla y Julio Cifuentes, a quienes se les concedió una indemnización individual de $15 millones de pesos también por daño moral. La causa se encuentra en reclamación en la Corte de Apelaciones de Talca.