SANTIAGO.- “El Gobierno no ha podido superar el trauma de aplicar represión a la delincuencia y al narcotráfico, actuando en forma timorata, facilitando los derechos de los delincuentes, dejando de lado el de sus víctimas”, dijo Moreira tras conocer los resultados de la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) que afirma que el 86% de los consultados siente que la delincuencia ha empeorado en el último periodo.
Recientemente el Ministerio del Interior informó que el número de denuncias de Delitos de Mayor Connotación Social aumentó un 10,9% durante el primer trimestre de 2008, cifras que más allá de su interpretación, permiten observar las políticas públicas aplicadas y evaluar la efectividad de éstas en el logro de sus objetivos.
“Ahora me gustaría que las autoridades le explicaran al país que si esto no está relacionado con la seguridad de las personas, más allá del rol no comprobado que algunos le atribuyen a los medios de comunicación en alimentar el temor, el Gobierno no puede contentarse como lo hizo con la última encuesta, argumentando que “más allá de las sensaciones los delitos están bajando”. Es necesario evaluar objetivamente cómo están funcionando el Plan Cuadrante o el Programa de Seguridad y participación Ciudadana para ver si seguimos aplicando dichos planes o los endurecemos”, afirmó Moreira.
El gasto privado en materia de seguridad aumentó drásticamente en un 60%, lo que quiere decir que entre el 2000 y el 2007 la inversión pasó de $530 millones a $1.309 millones, lo que deja en manifiesto que la inversión en seguridad, tanto pública como privada, se incrementó drásticamente durante esta década.
Según Moreira el Gobierno ha perdido la batalla contra la delincuencia, lo que sienta un muy mal precedente para la ciudadanía, quienes se ven en la obligación de encarcelarse en sus casas por miedo a ser víctimas de algún tipo de delito. “El temor que siente hoy la ciudadanía es el índice más fehaciente de la realidad actual”.
“En este sentido el Gobierno debe explicar cuál es la lógica respecto de las políticas antidelincuencia, ya que hasta el momento han interpretado los datos con un objetivo comunicacional al afirmar que son las denuncias las que han aumentado”.
“Yo le propongo ahora al Ministerio del Interior poner a disposición de la gente información actualizada y de fácil acceso de las zonas de riesgo, ya que además de ser un aporte a la seguridad, permitiría hacer exigencias concretas a las autoridades a rendir cuentas”, dijo el parlamentario.
Moreira lamentó la situación de los fiscales en general, las intimidaciones de las que ha sido víctima el fiscal jefe de la zona sur, Alejandro Peña, y en particular la del fiscal Miguel Ángel Orellana debido a las amenazas de muerte a las que ha sido víctima y que lo obligaron a abandonar su domicilio para trasladarse a un hotel.