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Santiago: Domingo 14 de diciembre del 2025 | Actualizado 21:40
SANTIAGO.- El ex subsecretario de Transportes y ex presidente de Ferrocarriles del Estado (EFE), Guillermo Díaz, fue condenado a 61 días de presidio remitido e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La sentencia fue dictada por la ministra Gloria Ana Chevesich por el delito de fraude al Fisco de 9 millones de pesos en el marco de la investigación por el supuesto desvío de fondos públicos a través de contratos entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la empresa Foro.
La causa se inició el 11 de agosto de 2005, cuando Chevesich comenzó a indagar los contratos con esta consultora -para realizar encuestas de transportes- que fueron manejados por Díaz cuando se desempeñaba como director de Operaciones en la Coordinación General de Concesiones.
La arista fue reabierta por la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema el 13 de noviembre de 2007, cuando revocó la prescripción aplicada al ex subsecretario.
Entre quienes fueron interrogados en el marco de este caso figuran los ex ministros de Obras Públicas, Carlos Cruz y Jaime Tohá, a quienes se les consultó para determina quién autorizó el pago de pasajes con dineros fiscales para que Díaz regresara a Chile cuando éste cursaba un posgrado en España. La defensa de Díaz, en tanto, citó al ex jefe de Finanzas de Vialidad Sergio Cortés.
En el marco del último día del plenario del caso MOP-Foro, a fines de marzo de este año, el ex ministro de Obras Públicas Carlos Cruz afirmó que "no existe ninguna razón para poner en duda la honorabilidad de Guillermo Díaz".
En la ocasión precisó que él no ordenó que Díaz volviera a Chile cuando hacía un postgrado en Madrid, aunque admitió que era probable que haya podido venir a realizar trabajos para el MOP. En cambio, el ex jefe de Finanzas de Vialidad Sergio Cortés, descartó que Díaz haya venido por trabajo.
Los querellantes de la UDI -senadores Evelyn Matthei y Víctor Pérez- solicitaban 3 años de presidio para Díaz, además de pedir a Chevesich que incluyera en la sentencia el delito de falsificación de instrumento público, por dos actas cuyas firmas se adulteraron.
