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Gobierno asegura que no ha pedido a la Contraloría que fiscalice recursos del Poder Judicial

El ministro de Justicia, Carlos Maldonado, afirmó que "no hay ninguna duda" de que los dineros destinados para este órgano del Estado "en términos generales, están usándose para lo que corresponde".

14 de Julio de 2008 | 13:45 | Karina Morales, El Mercurio Online

SANTIAGO.- Junto con manifestar su confianza en que las discrepancias entre el Gobierno y la Corte Suprema se resolverán "a la brevedad", el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, aseguró que el Ejecutivo no ha pedido a la Contraloría que se encargue de auditar los recursos destinados al Poder Judicial.


"No hay ninguna propuesta oficial del Gobierno sobre que la Contraloría asuma un rol de fiscalización de esos recursos, eso solamente en su minuto fue planteado en una conversación técnica a modo de referirnos a cómo acompañar la flexibilización de un fortalecimiento de los mecanismos de control", afirmó el titular de Justicia.


"No hay ni habrá seguramente ninguna propuesta oficial del Gobierno en ese sentido, porque no hay ninguna duda de que los recursos del Poder Judicial, en términos generales, están usándose para lo que corresponde", agregó Maldonado.


De esta manera, el ministro trató de resolver las inquietudes manifestadas por miembros de ese poder del Estado, surgidas luego que el Ministerio de Hacienda enviara un oficio a la Corte Suprema donde, a juicio de los magistrados, se pone en "tela de juicio" el uso de sus recursos.


"Los mecanismos de fiscalización y control del presupuesto del Poder Judicial van a ser los que concordemos con el Poder Judicial, (...) porque el Poder Judicial es un poder del Estado con el cual el Ejecutivo se entiende en igualdad de condiciones", aseguró Maldonado.


Al término del comité político efectuado en La Moneda -donde el quiebre entre ambos órganos del Estado tuvo especial relevancia- el titular de Justicia resaltó que el Poder Judicial tiene sus propios mecanismos y auditorías externas para velar por el correcto uso de sus recursos que ahora, de común acuerdo, se pueden "mejorar en diversos aspectos".


Por su parte el vocero de Gobierno, Francisco Vidal, desestimó que el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, se haya sobrepasado en sus atribuciones y destacó que "el punto de fondo es que hubo o hay una discrepancia técnica que se está resolviendo y, finalmente, la que va a decidir cómo se resuelve y cuándo se resuelve es la Presidenta de la República, cuando se reúna con el presidente de la Corte Suprema".


El quiebre entre ambos poderes del Estado se agudizó el viernes pasado, a raíz del oficio en que el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, afirmó que el déficit de 16 mil millones de pesos que acusa el máximo tribunal para la Reforma Laboral no estaba justificado y solicitó más antecedentes sobre las inversiones desarrolladas el año 2007 con los fondos para el nuevo sistema.

Maldonado: "Confiamos en que se va a resolver a la brevedad. La voluntad del Gobierno es resolver esto en cuestión de días, no de semanas, así que seguramente vamos a tener luz verde sobre el tema financiero, sobre esta diferencia técnica que se ha producido".

"Eso nos va a permitir retomar con tranquilidad el trabajo más de fondo con la Corte Suprema, a mí como ministro de Justicia, en los temas que estábamos viendo en la mesa judicial, los temas más de proyectos de ley que le interesan al Poder Judicial y que son importantes los vamos a poder retomar en cuanto despejemos esta diferencia técnica que se había producido por los recursos".

"Así que yo estoy optimista en el sentido de que se va a normalizar completamente la situación en los próximos días".

Déficit: "En mi apreciación como ministro de Justicia es que parte por lo menos de lo que está planteando el Poder Judicial en términos de déficit efectivamente tiene esa característica y por lo tanto seguramente la solución de esta diferencia técnica va a incluir una destinación adicional de recursos (...), probablemente no por el monto total que en su minuto planteó la Corporación Administrativa del Poder Judicial, pero para eso son las reuniones técnicas y para eso están trabajando los equipos pertinentes".

Corporación ha hecho un estimado de costos para implementar la reforma laboral y ha concluido que hay un déficit estimado de 16 mil millones. La Dipres ha tenido una apreciación distinta, dice que no alcanza ese monto y el trabajo apunta a definirlo para destinar los recursos y con el calendario de desembolsos correspondientes. En su opinión, ese tema "se prolongó más de lo conveniente".