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Santiago: Lunes 15 de diciembre del 2025 | Actualizado 11:34
SANTIAGO.- Tal como se anunció el viernes pasado en el pleno de la Corte Suprema, hoy su presidente Urbano Marín respondió el oficio en que el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, afirmó que el déficit de 16 mil millones de pesos que acusa el máximo tribunal para la Reforma Laboral no estaba justificado y solicitó más antecedentes sobre las inversiones desarrolladas el año 2007 con los fondos para el nuevo sistema.
En el documento firmado por el ministro Marín se parte señalando que el requerimiento de Hacienda "es infundado, pues la información correspondiente fue proporcionada a la Dirección de Presupuesto por la Corporación Administrativa del Poder Judicial en numerosas gestiones que se llevaron a cabo".
Por lo anterior, el presidente del máximo tribunal afirma que "no existe de parte de la Dirección de Presupuesto una cabal comprensión del alcance y los efectos negativos que trajo consigo la postergación de la vigencia de la Reforma Laboral", que obligó a invertir entre otros ítems en remodelación y arriendo de establecimientos.
En el oficio se reitera que hasta la fecha sólo se han despachado 2.636.035 millones de los comprometidos por ley y que la corporación administrativa no cuenta con los recursos necesarios para financiar la segunda etapa de la Reforma Laboral.
Respecto a la solicitud del ministro Andrés Velasco de recibir un detalle sobre el uso de salas y realización de las audiencias en los tribunales de garantía y de familia -que fu calificada de improcedente por el vocero de la Suprema, Milton Juica- el presidente del máximo tribunal señala que dicha petición además de referirse a una materia ajena al financiamiento de la reforma a la justicia laboral "revela un escaso conocimiento de la naturaleza y características del trabajo judicial", pues los tres sistemas funcionan de distinta manera.
Asimismo, el ministro Marín manifestó que la solicitud del titular de Hacienda "atropella la autonomía constitucional y legal del Poder Judicial, ya que si está prohibido al Congreso Nacional y al Presidente de la República intervenir en los asuntos propios de los tribunales, ello con mayor razón está vedado a los ministerios".
En el documento se plantea que a partir de las exigencias del oficio enviado por el ministro Velasco, el pleno de la Corte Suprema adquirió el convencimiento de que "no existe de parte del Ministerio de Hacienda una voluntad real de facilitar los recursos que demanda la eficaz aplicación de la Reforma Laboral", y que en esas circunstancias resolvieron no continuar recabando tales recursos, porque no les corresponde.
En el oficio del máximo tribunal se informa que en 2006 se invirtieron 2.276,4 millones y en 2007, 3.782,6 en materias vinculadas a la Reforma Laboral, sumando 6.059,048 millones.
Sin embargo, se agrega que cuando la aplicación de la reforma fue postergada para iniciarse el 30 de marzo de 2008 se aumentó la dotación de jueces y personal administrativo de los tribunales laborales, por lo que muchos de los locales habilitados dejaron de tener las condiciones requeridas y "esto explica que las inversiones realizadas durante 2006 y 2007 no puedan considerarse en su totalidad para hacer efectiva la reforma después de la postergación de su vigencia para 2008 y 2009".
En este sentido, explica que sólo para habilitaciones de recinto, incluyendo remodelaciones y ampliaciones se requiere invertir 9.398,64 millones, a los que se suman 6.692,6 millones para los gastos de personal y 9.420,4 millones para equipar los edificios.
