SANTIAGO.- El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, emplazó esta mañana a la ministra de Educación Mónica Jiménez, a que no se siga inmiscuyendo en los asuntos internos del magisterio.
"Ella no tiene derecho interferir en nuestra organización, porque si éste es un gobierno ciudadano se deben respetar las organizaciones", dijo Gajardo.
Lo anterior, a raíz de los rumores que han surgido respecto a la supuesta crisis interna que vive el gremio luego de que Gajardo hiciera un llamado a un "boicot" de la Evaluación Docente, y el tesorero de la organización, Darío Vásquez, lo calificara como un "llamado irresponsable" y "un suicidio laboral" para los profesores.
De hecho, el ex presidente de la colectividad, Jorge Pavez, aseguró que el rechazo a la evaluación no fue discutido ni por la directiva del gremio ni por la Asamblea Nacional donde concurren los dirigentes del país.
En respuesta, Gajardo aseguró que "hay una campaña en contra del Colegio, una campaña por desprestigiarlo y dividirlo", dirigida desde el Mineduc, cuyo objetivo es dejar el camino libre para que la Ley General de Educación avance sin obstáculos.
Respecto al supuesto boicot a la evaluación docente, Gajardo aclaró que sólo se trata de suspenderla, ya que el gremio está de acuerdo con la iniciativa, pero cree que tiene que darse dentro de una carrera profesional y con un instrumento que considere los puntos que ellos han planteado en reiteradas ocasiones.
En este contexto, comentó que durante todo este semestre han conversado con el Mineduc sobre la modificación del proceso de evaluación, para que incluyera 6 precisiones, entre ellas que se aumente el tiempo para desarrollar el portafolio, revisar los instrumentos de medición e incluir el derecho de apelación para los profesores que salgan mal evaluados.
Sobre las posibles sanciones que podrían enfrentar los docentes, el Colegio de Profesores va a organizar un sistema de defensa, refiriéndose a cada una de las etapas en las que no se está cumpliendo con la ley.
Jaime Gajardo anunció que le próximo 7 de agosto se reunirán con el Senado para presentarle una propuesta alternativa a la LGE.