SANTIAGO.- Finalmente la jueza Angélica Palacios decidió dejar en prisión preventiva y a los 18 miembros de la banda narcotraficante "Los Guatones", luego que se les formalizara por tráfico de drogas, asociación ilícita para el narcotráfico, lavado de dinero y porte ilegal de armas.
En vista de la resolución, adoptada por el riesgo que implicaba dejarlos en libertad por el grado de importancia que tenía cada uno, los miembros fueron trasladados a Santiago Uno y al Centro de Orientación Femenina, salvo los hermanos Carte Rivas -cabecillas de la banda-, quienes fueron derivados a la Cárcel de Alta Seguridad.
Asimismo, la jueza Angélica Palacios determinó dar un plazo de dos años para la investigación.
Momentos antes de la decisión, y luego de presentar sus descargos, los abogados defensores habían optado por rechazar la prisión preventiva en el caso de 8 personas de la agrupación, con el objeto de cuestionar las escuchas telefónicas presentadas por los fiscales, como pruebas que implican a los imputados en delitos como tráfico de drogas y porte ilegal de armas.
Los juristas tomaron la determinación luego de presentar sus descargos ante los antecedentes entregados (conversaciones que habrían sostenido, grabadas desde marzo a la fecha) por los querellantes, luego de la extensa jornada en el Tribunal de Garantía de San Bernardo.
La audiencia, que se inició a las 10:40 de la mañana, tuvo dos recesos. En la primera parte, se reveló que los hermanos Carte Rivas -cabecillas de la banda- serían representados por el defensor penal público Eduardo Vargas Sotomayor, quien también defendía a 13 de los 24 imputados que llegaron al tribunal. Además se indicó que Hernaldo Marín, padre del abogado de "Los Cavieres", Ariel Marín, sería defendido por dos abogados particulares.
Se estableció que la organización tenía una serie de casas su nombre en El Tabo, El Quisco, Hijuelas y en la comuna de Freire en la Región de La Araucanía. La propiedad de los inmuebles era traspasada de un implicado a otro, con contratos simulados que eran elaborados por Hernaldo Marín Opazo.
También se dijo que el ex funcionario del Servicio Nacional de Menores (Sename) Fernando Tapia, además de recibir y traficar la droga, proveía de documentos falsos, como por ejemplo, licencias de conducir fraudulentas a aquellas miembros de la banda que no los podían adquirir por no cumplir con los requisitos o por poseer antecedentes penales.
En la segunda parte, en tanto, se presentaron las escuchas, en las cuales se pudo distinguir la voz de Sergio Carte en una conversación con un proveedor peruano, que le solicitaba 30 millones de pesos por 50 kilos de cocaína. Durante el transcurso del diálogo, Carte le dice a su interlocutor que es muy es muy poca droga, pero finalmente accede a realizar la transacción, exigiéndole responsabilidad en la entrega.
El fiscal Castro y su superior Solange Huerta mostraron también como prueba otra grabación en la que Sergio Carte llama a un proveedor con el apodo y éste lo llama ingeniero.