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Santiago: Jueves 25 de abril del 2024 | Actualizado 15:29
TALCA.- Graves faltas a la probidad fueron comprobadas por la Contraloría Regional, en una exhaustiva fiscalización que realizó al interior del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de la ciudad de Talca, razón por la cual determinó abrir un sumario y derivar una copia de los antecedentes al Ministerio Público.
La mencionada fiscalización fue solicitada por el ex ministro de Agricultura, Álvaro Rojas, para investigar presuntos actos irregulares de algunos funcionarios, tales como contratar a sus hijos y ofrecer sus servicios remunerados para la tramitación de solicitudes de subdivisión de predios rústicos y cambios de uso de suelo, hechos que constituyen "una grave contravención al principio de probidad administrativa", como lo señala el documento final que redactó el organismo fiscalizador.
El estudio abarca desde el año 2004 al primer semestre del 2006 y en lo medular, verificó que en 2004, Gabriel Ubilla Zenteno, encargado (s) sectorial del Subprograma de Protección de Recursos Naturales Renovables del SAG, "visó y expidió ocho certificados de aprobación de subdivisiones prediales tramitadas por la ingeniera comercial, Erika Ubilla González, hija del citado funcionario".
El documento constata que dos usuarios del SAG fueron atendidos en primera instancia por Gabriel Ubilla, pero que éste les "recomendó" a su hija para la confección de un plano por 50 mil pesos.
Según informaciones que recoge El Centro, un año más tarde se comprobó que Ubilla Zenteno visó documentos que resolvían procedimientos tramitados por su hija, al que ahora se sumaba su yerno Pedro González. En el primer semestre del 2006, último período que se investigó, Ubilla Zenteno sólo visó un plano confeccionado por su yerno.
En el mismo orden, se detectó que en 2004, el encargado sectorial del Departamento de Recursos Naturales, Idelfonso Reyes Olivares, "visó y aprobó el certificado de la subdivisión de predio rústico perteneciente a Ernesto Cáceres Zúñiga, procedimiento tramitado por David Reyes Manríquez, ingeniero agrónomo, hijo del citado funcionario", quien cobró 120 mil pesos por un plano a un usuario, afirma el documento.
La Contraloría señala que las conductas descritas contravienen el principio de probidad administrativa, puesto que revelan preeminencia de intereses particulares por sobre el general, "al intervenir los funcionarios individualizados en asuntos en que tenían interés parientes por consanguinidad y afinidad en primer grado y al inducir a los administrados que requerían la actuación del servicio en que se desempeñaban a solicitar y pagar servicios profesionales de dichos parientes".
La funcionaria del SAG, Carmen Seguel Campodónico, informó a los fiscalizadores de Contraloría que Juan Aránguiz y César Garrido, quienes tramitan la subdivisión de predios rústicos o cambios de uso de suelo, le ofrecían recompensar con "regalos" si derivaba usuarios del SAG hacia su oficina.
