TEMUCO.- Los dichos del fiscal regional Francisco Ljubetic, en relación al caso de Paul Morrison, publicados en una entrevista al diario El Mercurio y donde la máxima autoridad del Ministerio Público expresó que habiéndose realizado un trabajo profesional, el tribunal no consideró su prueba rendida de la calidad probatoria que ellos suponían, causó la respuesta inmediata del staff que defendió al Dj.
El abogado José Ignacio Araneda, defensor del hijo de la diputada María Angélica Cristi —quien obtuvo un veredicto absolutorio para su defendido acusado de tráfico de drogas— sostuvo que "los fiscales no son jueces y en este país los llamados a conocer y resolver los juicios son nuestros tribunales, quienes luego de valorar (pesar) la prueba aportada por el acusador, dictan su sentencia".
Para el abogado defensor, la prueba de la Fiscalía fue débil. "No seremos nosotros los que juzguen la calidad del trabajo realizado por la Fiscalía en este caso, pero las preguntas que fluyen, luego del fragor de la batalla, son ineludibles".
Agrega que "la Fiscalía ni siquiera fue capaz de probar que la sustancia vegetal encontrada en el auto hubiere sido droga, no porque el Tribunal Oral le hubiere exigido un estándar elevadísimo, sino porque la Fiscalía no presentó al juicio un perito experto en la materia. Todo ello, a pesar de haber utilizado todos, absolutamente todos los recursos y herramientas que el Estado les entrega".
El profesional afirma que "la Fiscalía regional debería demostrar un mínimo grado de respeto hacia la labor de los Tribunales de la República y a sus fallos dictados, como también hacia la tranquilidad y honestidad de un hombre absuelto en dos oportunidades por el mismo hecho y que, después de más de 1 año y medio de vivir lo que pocos ciudadanos han experimentado, se vuelve a intentar sembrar un manto de duda acerca de su absolución".
Añade que concuerda con el fiscal regional, Francisco Ljubetic, en que el juez no está fuera del contexto social. "Efectivamente, pero al contrario de lo expuesto por él, la cobertura mediática es un gran peso que opera siempre en contra de un imputado o acusado, cualquiera que sea éste, ya que los jueces se sienten presionados para resolver conforme a la información que en forma incesante entrega la prensa y que la mayoría de las veces es contraria al imputado o acusado. No es fácil para un juez abstraerse de ello y de fallar conforme a derecho, a pesar de la condena social previa que pudiere existir".